Una jueza federal de Maryland detuvo temporalmente la implementación de una nueva tarifa anual de 100 dólares para solicitantes de asilo en Estados Unidos. La medida, promovida por la administración del presidente Donald Trump, formaba parte de la llamada “gran y hermosa ley” de inmigración.
La jueza Stephanie Gallagher determinó que dos agencias del Gobierno —el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)— actuaron “de manera arbitraria y caprichosa”. Según su fallo, ambas emitieron políticas contradictorias sobre la forma y el momento en que los solicitantes debían pagar la cuota, generando confusión y perjuicios.
Gallagher consideró que la falta de coordinación entre las agencias causó daños irreparables, ya que algunos solicitantes incluso recibieron órdenes de deportación sin haber tenido acceso a un mecanismo oficial para abonar la tarifa. En consecuencia, la jueza suspendió el cobro en todo el país hasta que ambas instituciones federales emitan normas claras y uniformes.
El origen de la tarifa para solicitantes de asilo
El nuevo cargo de 100 dólares anuales fue establecido como parte de la legislación migratoria firmada el 4 de julio por el presidente Trump. Previamente, las personas que solicitaban asilo no debían cubrir ningún pago de este tipo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración comenzó a enviar notificaciones el 1 de octubre, otorgando un plazo de 30 días para pagar la tarifa. De haberse mantenido la norma, los primeros vencimientos habrían llegado el 31 de octubre.
Según el proyecto de la administración, la tarifa debía aplicarse por cada año en que el caso de asilo permaneciera pendiente. Sin embargo, el anuncio generó preocupación masiva entre solicitantes, abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron el impacto económico sobre personas de bajos recursos.
Demanda y argumentos contra la medida
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda ante la corte federal de Maryland, alegando que el Gobierno aplicaba ilegalmente la tarifa a personas que habían presentado sus casos antes de la aprobación de la ley. La organización advirtió que las agencias federales no ofrecieron instrucciones claras sobre los plazos, modos de pago ni consecuencias por incumplimiento.
“El Gobierno creó un caos administrativo que puede costarle la deportación a personas vulnerables”, afirmó Susan Pelletier, abogada de los demandantes. ASAP argumentó que la política sobrecargó a las familias migrantes y provocó pánico entre quienes no sabían cómo cumplir con la nueva obligación.
Uno de los testimonios mencionados en la querella corresponde a un solicitante de asilo ruso que presentó su caso en 2022 y aseguró no haber recibido ninguna orientación formal. La demanda también destaca la situación de una madre hondureña que teme perder su caso por no poder cubrir el pago y la de un solicitante nigeriano que se enteró de la medida a través de redes sociales.
Respuesta del Gobierno federal
Durante la audiencia, la abogada del Departamento de Justicia, Zareen Iqbal, defendió la legalidad del proceso y negó que se aplicara de forma retroactiva. Según explicó, el objetivo era “mantener operativa la estructura del sistema de asilo” frente al alto volumen de casos pendientes. Iqbal comparó la tarifa con “un impuesto recurrente, similar a un pago de mantenimiento del sistema, no una penalización”.
El Departamento de Justicia reconoció no obstante que algunos solicitantes enfrentaron dificultades para cumplir con la norma. La funcionaria afirmó que se comunicará con las agencias implicadas para corregir los errores administrativos y ofrecer una guía más clara a los beneficiarios.
Mientras tanto, la jueza Gallagher enfatizó que cualquier restablecimiento de la medida dependerá de que USCIS y EOIR emitan políticas coherentes, precisando plazos, métodos de pago y advertencias sobre las posibles consecuencias del incumplimiento.
Un fallo que trae alivio a miles de migrantes
La decisión judicial representa un respiro temporal para miles de personas que actualmente enfrentan largos procesos de asilo en Estados Unidos. ASAP celebró el fallo como “una victoria importante para el acceso a la justicia”, recalcando que muchos solicitantes apenas sobreviven con recursos básicos y no podrían pagar tarifas adicionales.
Por su parte, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración informó que ya habilitó un portal de pago para quienes deseen cumplir de manera voluntaria, aunque aclaró que los pagos realizados por error serán reembolsados.
Mientras las agencias revisan sus procedimientos, el tribunal federal de Maryland mantiene la suspensión de la tarifa vigente en todo el país. Los defensores de los migrantes sostienen que el Gobierno deberá garantizar información unificada antes de imponer nuevas obligaciones financieras a los solicitantes de asilo.
