Defensores de los derechos civiles en Los Ángeles han lanzado un urgente llamado a la comunidad para denunciar cualquier abuso en operativos migratorios, tras una victoria judicial que prohíbe detenciones indiscriminadas. La decisión, respaldada por el Noveno Circuito de Apelaciones, busca frenar las redadas masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, pero las organizaciones advierten que la vigilancia ciudadana es clave para garantizar su cumplimiento.
Una victoria judicial contra las redadas
El viernes pasado, un panel del Noveno Circuito confirmó una restricción temporal emitida por un tribunal inferior, que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizar detenciones sin sospecha razonable en siete condados del sur de California. La medida responde a una demanda presentada por cinco trabajadores inmigrantes y cuatro organizaciones, incluyendo la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que acusan al gobierno de arrestos “inconstitucionales” para cumplir cuotas arbitrarias.
Por su parte, Mohammad Tajsar, abogado principal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, instó a los residentes a reportar cualquier irregularidad. “Si ven agentes armados y enmascarados irrumpiendo en las calles, mi mensaje es: si ve algo, diga algo”, afirmó en una conferencia de prensa. La ACLU ha documentado más de 200 casos de detenciones indebidas en Los Ángeles desde enero, cuando las redadas se intensificaron, afectando a comunidades latinas y asiáticas en particular.
Historias de trauma y resistencia
Pedro Vásquez Perdomo, un inmigrante salvadoreño y líder de la demanda, compartió su experiencia para visibilizar el impacto de estas operaciones. El 18 de junio, mientras esperaba un autobús en Pasadena, fue detenido por agentes en vehículos sin identificación. “Me trataron como delincuente”, relató. Llevado al centro de detención B-18 en el centro de Los Ángeles, compartió una celda con 52 personas, sin baño ni condiciones higiénicas adecuadas. Como diabético, Vásquez sufrió una infección ocular y descontroles de azúcar sin recibir atención médica durante tres semanas.
Aunque fue liberado bajo libertad condicional, Vásquez admitió que el trauma persiste. “No salgo de casa a menos que sea necesario. Tengo miedo de que por mi color de piel me detengan otra vez”, confesó. Su caso no es aislado: según CHIRLA, más de 3,000 personas fueron detenidas en redadas en el condado de Los Ángeles en 2025, un aumento del 45% respecto a 2024, según datos del Centro de Derechos Humanos de UCLA.
Condiciones inhumanas en detención
Las denuncias también apuntan a las condiciones en los centros de detención. En B-18, los inmigrantes enfrentan hacinamiento, con celdas diseñadas para 20 personas albergando hasta 60, según un informe de la ACLU. La falta de atención médica es generalizada: el 70% de los detenidos no reciben chequeos médicos al ingresar, incumpliendo los estándares del DHS. Además, organizaciones como el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes han reportado casos de abuso físico, incluyendo empujones y retención prolongada sin cargos formales.
Por otro lado, la administración Trump ha defendido las redadas como parte de su política de “tolerancia cero”. La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que las operaciones son “esenciales para la seguridad nacional” y negó acusaciones de abusos. Sin embargo, la restricción judicial ha limitado temporalmente estas acciones, forzando a ICE a suspender operativos masivos en Los Ángeles, donde el 48% de la población es latina, según la Oficina del Censo.
Un llamado a la acción comunitaria
Angélica Salas, directora de CHIRLA, enfatizó la importancia de la unidad comunitaria para vigilar el cumplimiento de la orden judicial. “No queremos que el silencio sea nuestra historia”, afirmó, instando a los afectados a denunciar abusos. Los abogados de la demanda, que representan a trabajadores agrícolas y jornaleros, están recopilando testimonios para fortalecer el caso, que tendrá una audiencia clave el 24 de septiembre.
Mientras tanto, la comunidad de Los Ángeles se organiza. Grupos como la Red de Centros de Trabajadores han establecido líneas telefónicas de emergencia y talleres de “conoce tus derechos” para informar a los inmigrantes. Con 1.8 millones de inmigrantes indocumentados en California, según el Instituto de Política Migratoria, la lucha contra las redadas se intensifica. Activistas como Tajsar aseguran que cada denuncia ciudadana es un paso hacia la justicia, en un momento en que la presión de la administración Trump pone en riesgo los derechos de las comunidades más vulnerables.
