Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Los Ángeles terminó con la detención de Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense que no estaba sujeta a procesos migratorios. Acusada inicialmente de agredir a un agente, su caso fue desestimado por falta de pruebas, pero ha desatado críticas por el uso excesivo de fuerza y errores en los operativos migratorios de la administración del presidente Donald Trump. La comunidad exige respuestas mientras crece la indignación por las tácticas de ICE.
Un arresto en el momento equivocado
El 12 de junio de 2025, Andrea Vélez, de 29 años, caminaba hacia su trabajo en una empresa de calzado en el centro de Los Ángeles cuando agentes de ICE, con pasamontañas y chalecos marcados con la palabra “Police”, irrumpieron desde camionetas sin identificar. Según relató a The Guardian, los agentes persiguieron a vendedores ambulantes y transeúntes, generando caos. Vélez, quien se quedó inmóvil por la conmoción, fue rápidamente esposada y arrojada al suelo. “Fue como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo su abogada, Dominique Boubion.
Por su parte, la madre y la hermana de Vélez, quienes la habían dejado frente a su oficina, presenciaron la detención sin poder intervenir. Trasladada a un estacionamiento anexo al centro federal, Vélez fue testigo de otro arresto violento: Luis Hipólito, un trabajador migrante, fue reducido por cuatro agentes que usaron gas pimienta, según videos difundidos por Los Angeles Times. Hipólito, con el rostro inflamado y dificultades para respirar, fue llevado en ambulancia tras una demora inicial en la atención médica.
Condiciones inhumanas en detención
Vélez pasó dos noches en un centro de detención, donde enfrentó condiciones precarias. No recibió agua al ingresar y tuvo que depender de otras detenidas para obtener un vaso y un cubierto, ya que no tenía dinero para comprarlos en la comisaría. “Me trataron como a una delincuente, incluso me obligaron a posar en una foto grupal como si fuera un trofeo”, relató. Según un informe de la ACLU, el 70% de los detenidos en centros de ICE en California enfrentan hacinamiento y falta de servicios básicos, lo que agrava las críticas a estos operativos.
Además, Vélez fue acusada de agresión a un oficial, un cargo basado en la afirmación de un agente de que ella “se interpuso” en su camino y lo golpeó en el rostro mientras perseguía a otro sospechoso. Vélez negó los hechos, y tras 16 días, el Departamento de Justicia retiró los cargos por falta de evidencia, gracias a la intervención de Boubion. La abogada calificó el caso como un ejemplo de “arrestar primero, preguntar después”, una práctica que, según ella, se ha intensificado en 2025.
Una comunidad en alerta
La detención de Vélez, ciudadana estadounidense de ascendencia mexicana, ha reavivado el debate sobre las tácticas de ICE bajo la administración Trump. En 2024, el Departamento de Seguridad Nacional reportó 1.2 millones de detenciones migratorias, un aumento del 30% respecto a 2023, con California como epicentro. La Unión de Campesinos y el Caucus Hispano del Congreso han condenado las redadas, señalando que afectan incluso a ciudadanos estadounidenses. “Estas operaciones siembran terror en nuestras comunidades”, afirmó la congresista Nanette Barragán.
En consecuencia, la familia de Vélez ha presentado una queja formal ante el DHS, exigiendo una investigación sobre el operativo. La falta de información sobre su paradero durante más de 24 horas tras el arresto generó angustia entre sus seres queridos, quienes se unieron a protestas en Los Ángeles. El grupo CHIRLA organizó una marcha exigiendo el fin de las detenciones indiscriminadas, mientras el concejal Kevin de León pidió una auditoría independiente de las acciones de ICE en la ciudad.
Llamados a la reforma
El caso de Vélez se suma a una serie de incidentes que han puesto a ICE bajo escrutinio. En julio, una corte federal en California emitió una orden temporal exigiendo “sospecha razonable” para detenciones, tras una demanda de la ACLU. Sin embargo, activistas argumentan que la falta de supervisión permite abusos. Según un informe de Human Rights Watch, el 15% de las detenciones de ICE en 2024 involucraron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales por error. Mientras la comunidad latina, que representa el 49% de la población de Los Ángeles según el Censo de 2020, exige cambios, las autoridades federales prometen revisar el caso, pero las tensiones persisten.
