El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concluyó el 26 de septiembre de 2025 una redada en Laredo, Texas, que resultó en 28 detenciones de migrantes indocumentados, 23 de ellos con antecedentes criminales que enfrentan cargos adicionales por reingreso ilegal. Esta acción, parte de la Operación Pick-Off, involucró a más de 10 agencias federales, estatales y locales, y se suma a 79 arrestos previos en el Valle del Río Grande. En un contexto de deportaciones que superaron las 271.000 en 2024, según el Departamento de Seguridad Nacional, el operativo destaca la colaboración interinstitucional para combatir la inmigración ilegal y delitos violentos.
La Operación Pick-Off: Objetivos y alcance
La Operación Pick-Off, lanzada el 22 de agosto en McAllen y Brownsville, se expandió a Laredo para targeting inmigrantes indocumentados en libertad condicional por delitos estatales. Dirigida por el Distrito Sur de Texas y el FBI, buscaba aumentar la seguridad pública mediante arrestos coordinados. En Laredo, realizada los días 25 y 26 de septiembre, agentes de ICE, FBI, Patrulla Fronteriza del Sector Laredo y la Policía de Laredo allanaron residencias y sitios de trabajo en condados como Webb, La Salle, McMullen, Jim Hogg y Zapata.
Por lo tanto, el operativo resultó en 28 detenciones, elevando el total de la iniciativa a más de 100 en el sur de Texas. Juan Agudelo, director de ICE en Harlingen, elogió la colaboración: “Agencias trabajando juntas hacen comunidades más seguras, arresto por arresto”. Esta fase refleja un aumento del 20% en operaciones conjuntas en la frontera desde enero de 2025.
Detalles del operativo en Laredo
Los arrestos en Laredo se centraron en individuos previamente deportados que reingresaron ilegalmente, muchos bajo libertad condicional por crímenes como tráfico de drogas, fraude, robo y agresión agravada. Entre los detenidos destaca un convicto de asesinato sentenciado a 18 años en Texas, deportado a México pero que regresó y residía en la ciudad. Las cinco detenciones restantes involucraron a migrantes sin antecedentes, listos para expulsión inmediata.
Sin embargo, el fiscal federal Nicholas J. Ganjei enfatizó: “Inmigrantes delincuentes deberían repatriarse, no liberarse para cometer más crímenes”. Todos comparecerán ante el juez federal Brian Bajew el 29 de septiembre. El operativo evitó incidentes mayores, gracias a la asistencia de la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública, que proporcionaron inteligencia y apoyo logístico.
Colaboración interinstitucional clave
Más de 10 agencias participaron, incluyendo el Departamento de Justicia, Servicio de Alguaciles de EE.UU., ATF, DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional e ICE-Homeland Security Investigations. Aaron Tapp, agente especial del FBI en San Antonio, destacó: “Ninguna agencia puede enfrentar sola amenazas complejas; esto refleja un esfuerzo unificado”. La coordinación incluyó vigilancia previa y allanamientos simultáneos para minimizar fugas.
En consecuencia, Ganjei anunció que Pick-Off se extenderá a los 43 condados del Distrito Sur de Texas, con el objetivo de 500 detenciones para fin de año. Esto alinea con la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que ha impulsado un 70% más de deportaciones en 2024.
Antecedentes de la operación en el Valle
La fase inicial en el Valle del Río Grande, del 22 al 24 de agosto, arrestó a 79 migrantes, enfocada en indocumentados con condenas por delitos violentos. McAllen y Brownsville vieron redadas en sitios de construcción y barrios residenciales, resultando en cargos por reingreso ilegal bajo la Sección 1326 del Título 8 del Código de EE.UU. Esto eleva penas hasta 20 años de prisión.
Pese a todo, activistas locales reportaron temor en comunidades hispanas, que representan el 95% de Laredo. Organizaciones como el Centro de Derechos de Inmigrantes de Texas ofrecieron talleres legales durante el operativo, atendiendo a 200 residentes.
Consecuencias legales y penales
Los 23 con antecedentes enfrentan hasta 20 años federales si son condenados, además de deportación. El asesino convicto, de 42 años, ejemplifica el foco en reincidentes: tras su sentencia en 2015, fue removido pero reingresó en 2020. Las cinco detenciones sin cargos serán procesadas para salida expedita.
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Además, el operativo generó 15 cargos por reingreso ilegal, procesados por la Oficina del Fiscal Federal. En 2025, Texas ha visto un 25% más de estas operaciones, con Laredo como hotspot por su proximidad a la frontera.
Impacto en la seguridad fronteriza
Ganjei subrayó que estas acciones protegen comunidades al remover “amenazas”. En Laredo, con 260.000 habitantes y cruces fronterizos de 1 millón mensuales, los arrestos reducen delitos relacionados con inmigración, como tráfico de personas, que aumentó un 15% en 2024. Agudelo agradeció a socios locales por “abordar amenazas complejas”.
Por otro lado, Tapp del FBI prometió más recursos: “Movilizaremos para aplicar leyes federales”. Esto se enmarca en un presupuesto de $25.000 millones para enforcement en 2025, bajo la administración Trump.
