El debate migratorio en California tomó un nuevo rumbo tras el anuncio de que condados como Santa Clara y ciudades como San José avanzan con iniciativas para crear zonas “sin ICE”. Estas medidas buscan limitar el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a propiedades públicas y frenar las redadas en espacios comunitarios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó rápido. Aseguró que seguirá aplicando la ley de inmigración en todo el país, sin importar las reglas locales.
Santa Clara y San José impulsan el modelo
El condado de Santa Clara fue uno de los primeros en aprobar una política. Esta política prohíbe las actividades de ICE en propiedades e instalaciones públicas. Los miembros de la Junta de Supervisores votaron todos a favor del plan. Argumentaron que el miedo en las comunidades migrantes afecta la confianza en las autoridades locales. Esto también reduce el acceso a servicios esenciales.
“Queremos que los inmigrantes puedan acudir al médico o a una escuela sin temer que los arresten”, explicó Sylvia Arenas, supervisora del Distrito 1. “Nuestros espacios públicos deben proteger, no perseguir”.
La ciudad de San José seguirá el mismo camino esta semana. El concejal Peter Ortiz adelantó que el ayuntamiento planea replicar la medida para “mantener los lugares comunitarios libres de la intervención federal”.
Ciudades que buscan blindarse ante ICE
Las llamadas “zonas sin ICE” se inspiran en políticas adoptadas por urbes como Chicago y Nueva York, que desde hace años imponen límites a la colaboración municipal con autoridades federales de inmigración. Estas medidas buscan fortalecer el papel de las ciudades santuario y garantizar que los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan desenvolverse sin temor a detenciones injustificadas.
Los líderes locales argumentan que esta estrategia protegerá a miles de familias y fomentará una relación más sólida con las instituciones locales. “No podemos esperar a que algo pase para actuar. Tenemos que construir seguridad desde las comunidades”, insistió Ortiz.
Según los defensores de derechos civiles, el modelo de Santa Clara podría convertirse en referencia para el resto del país y marcar el inicio de una nueva etapa de resistencia pacífica ante la política federal de control migratorio.
Enfrentamiento con la política migratoria federal
El DHS respondió que no permitirá que las ordenanzas locales interfieran con su labor. “Nadie puede impedir que ICE cumpla su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. La funcionaria afirmó que las llamadas “ciudades santuario” protegen a inmigrantes con antecedentes criminales y “ponen en riesgo la seguridad pública”.
El Gobierno federal mantiene una postura firme frente a estados y ciudades que buscan frenar las redadas migratorias. En los últimos meses, el presidente Donald Trump intensificó su campaña contra estas jurisdicciones, al considerarlas responsables del “descontrol fronterizo”.
Un clima de tensión creciente
Las iniciativas de Santa Clara y San José ocurren en un contexto de presión política. En junio de 2025, Trump ordenó el despliegue de 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles con la justificación de reforzar la frontera y controlar las protestas contra las operaciones de ICE.
El gobernador Gavin Newsom rechazó la medida y llevó el caso a tribunales, argumentando que el despliegue violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar fuerzas militares en funciones civiles. A pesar de la oposición estatal, la Casa Blanca mantuvo las operaciones y defendió su postura como una acción necesaria “para restaurar el orden y la seguridad”.
Un desafío legal y político en puerta
Los funcionarios locales de Santa Clara trabajan actualmente en una ordenanza formal que delimite el alcance de ICE dentro del condado. La propuesta contempla restricciones para que agentes federales ingresen a hospitales, bibliotecas, escuelas y otros espacios públicos sin orden judicial.
Sin embargo, los expertos legales advierten que esta iniciativa podría chocar con la autoridad federal, ya que ICE sigue teniendo poder para operar en cualquier parte del país. Esto podría desencadenar una batalla judicial que defina los límites entre la autonomía local y la supremacía de la ley federal.
Mientras tanto, las comunidades inmigrantes de California observan con expectativa y preocupación el avance de esta política. Los defensores esperan que las zonas “sin ICE” se conviertan en un refugio seguro para las familias que han vivido años bajo el temor a las redadas.
El debate apenas comienza, pero la iniciativa ya abre una nueva fase en la relación entre California y la Casa Blanca, enfrentando dos visiones opuestas sobre migración y derechos humanos.
