Una jueza federal detuvo este viernes el intento del Gobierno de Donald Trump de acelerar la deportación de inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos mediante programas de parole, una decisión que ha sido considerada una victoria por defensores de los derechos de los inmigrantes. La medida impide de forma temporal que personas con parole, que ya se encontraban en el país y fueron detenidas sin previo aviso, sean deportadas mientras el caso se resuelve en los tribunales.
Pausa a las deportaciones con parole beneficia a inmigrantes con documentos vigentes
El fallo fue emitido por la jueza Jia Cobb, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden. En su decisión, la magistrada indicó que el Gobierno no solo cerró las vías legales para los nuevos solicitantes de parole, sino que también cambió las reglas para quienes ya habían ingresado legalmente y contaban con documentos válidos, empleos o procesos migratorios en curso.
La jueza cuestionó si estas personas, muchas de ellas escapando de contextos de violencia y persecución, tendrían la oportunidad de defenderse dentro del sistema legal estadounidense o si, por el contrario, serían deportadas sumariamente. Cobb calificó la política de “arbitraria y caprichosa” y señaló que probablemente violaba el estatuto que regula las deportaciones aceleradas.
Varias personas se reúnen para protestar ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. EFE/EPA/Sarah Yenesel
Varias personas se reúnen para protestar ante una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. EFE/EPA/Sarah YeneselDeportaciones con parole bajo revisión por los tribunales federales
La decisión judicial suspende la aplicación de tres políticas emitidas durante el mandato de Trump: un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero, y la cancelación en marzo de los programas de parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El fallo beneficia a personas que ya habían recibido parole en los puertos de entrada a EE.UU. y que enfrentaban detenciones sorpresivas incluso después de presentarse ante jueces de inmigración o cumplir con los requisitos legales. La medida de la jueza se mantendrá vigente mientras se resuelve la demanda presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes.
Este caso es uno de los primeros desafíos legales importantes a la política migratoria en el nuevo mandato de Donald Trump. También pone a prueba cómo los tribunales federales interpretarán el poder ejecutivo tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Trump v. CASA, que limitó el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional.
Deportaciones con parole ponen en riesgo a más de dos millones de personas
La administración Trump buscaba aplicar la “expulsión acelerada” —un mecanismo diseñado originalmente para migrantes que cruzan recientemente la frontera sin autorización— a personas que ingresaron con parole, cumplieron con las instrucciones oficiales y residían en el país de forma legal.
Fotografía cedida por la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), donde aparece una persona mostrando una ‘Tarjeta de Derechos’ que el inmigrante entrega a la autoridad en caso de arresto. EFE/CHIRLA
Abogados y activistas advirtieron que esa política podría afectar a más de dos millones de personas, muchas de ellas refugiadas que llegaron a Estados Unidos huyendo de la persecución. Algunos inmigrantes con parole fueron detenidos en puestos de control o fuera de los tribunales, sin tener acceso inmediato a representación legal.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), CASA y UndocuBlack lideran la demanda. Estas organizaciones sostienen que el DHS viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a los beneficiarios de parole como si hubieran entrado al país de forma ilegal. También denuncian una falta de debido proceso que afecta especialmente a comunidades vulnerables.
Pausa a las deportaciones con parole es celebrada por defensores migratorios
Hillary Li, abogada de los demandantes, aseguró que los grupos involucrados están comprometidos con proteger a las comunidades migrantes de la amenaza que representa la deportación acelerada. Además, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal, al considerarla un reconocimiento de que la política promovida por Trump carece de base legal.
El caso se enmarca en una disputa más amplia sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria. Con esta decisión, se abre una puerta para frenar la eliminación de políticas de parole creadas bajo el gobierno de Biden, las cuales fueron clave para canalizar de manera ordenada y legal la llegada de migrantes vulnerables.
La demanda y la orden judicial se consideran un precedente relevante en el actual clima político migratorio, ya que los cambios impulsados desde el Ejecutivo podrían redefinir el acceso a protecciones humanitarias como el parole para miles de personas en el futuro.
