Dos inmigrantes guatemaltecos enfrentan cargos por abuso sexual infantil en Florida, un estado que ha intensificado la aplicación de la pena capital. El fiscal general del estado, James Uthmeier, ha pedido que ambos acusados sean condenados a muerte, en un caso que ha generado indignación y reacciones inmediatas por parte de las autoridades.
Los detenidos, Josué D. Méndez, de 26 años, y Pablo N. Cobón, de 23, fueron arrestados el jueves 31 de julio en West Palm Beach. Ambos enfrentan cargos por el abuso sexual continuo de una niña de 7 años, a quien presuntamente golpeaban con un cinturón mientras cometían las agresiones. Según los documentos judiciales, la menor reveló el abuso a sus cuidadores el miércoles anterior al arresto.
Migrantes guatemaltecos confesaron el crimen tras investigación
La Policía de West Palm Beach confirmó que los sospechosos confesaron los hechos. “Ambos sospechosos voluntariamente confesaron el repetido abuso sexual de una niña”, señaló el jefe de la policía local, Tony Araujo, en una rueda de prensa.
Las investigaciones confirmaron que los crímenes ocurrieron de forma reiterada durante varias semanas, lo que agravaría los cargos que enfrentan los migrantes guatemaltecos. La fiscalía aún no ha confirmado si ambos acusados se encuentran en situación migratoria irregular, pero bajo las recientes leyes estatales, esto podría influir en el proceso penal.
These allegations are beyond horrific. Anyone who can commit such heinous crimes must be held accountable to the fullest extent of the law.
Based on these reports, I expect the State Attorney for the 15th Judicial Circuit to seek the death penalty. https://t.co/NPBjYlXooh
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 1, 2025
Uthmeier calificó el crimen como “atroz” y pidió que se aplique la “máxima extensión de la ley”. Actualmente, Méndez y Cobón se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Palm Beach sin derecho a fianza.
Florida aumenta ejecuciones y endurece penas contra migrantes
Este caso surge en un contexto legal complejo en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha promovido una política de endurecimiento de penas, particularmente enfocada en inmigrantes. En 2023, se aprobó una ley que permite aplicar la pena de muerte a personas condenadas por delitos sexuales graves contra menores, incluso si el jurado no alcanza la unanimidad habitual en este tipo de sentencias.
La misma ley establece criterios específicos para aplicar la pena capital en casos que involucren a migrantes indocumentados. Aunque la Corte Suprema de EE.UU. no ha definido claramente si esta legislación es constitucional, Florida ya ha comenzado a aplicarla.
Solo en lo que va de 2025, Florida ha ejecutado a nueve personas, superando a cualquier otro estado y representando un tercio del total de ejecuciones en Estados Unidos. El pasado jueves, el estado ejecutó a Edward J. Zakrzewski, un exmilitar condenado por asesinar a su esposa e hijos con un machete. Fue la novena ejecución del año, marcando un récord en la historia reciente del estado.
La pena de muerte en Florida: política, migración y controversia
Desde que DeSantis asumió la gobernación, la pena de muerte se ha convertido en una de las banderas de su administración. Ha impulsado reformas legales que bajan el umbral necesario para sentenciar a una persona a muerte, y ha enfatizado que esta medida debe aplicarse sin excepciones “en los casos más crueles y violentos”.
El fiscal general del estado, James Uthmeier. Foto de archivo: X/@AGJamesUthmeier
En el caso de los migrantes guatemaltecos acusados en Palm Beach, su estatus migratorio aún no se ha confirmado oficialmente, pero, de ser indocumentados, podrían ser procesados bajo estas nuevas disposiciones legales, lo cual reforzaría la solicitud del fiscal Uthmeier.
La comunidad inmigrante en Florida ha expresado preocupación por el uso de leyes migratorias para endurecer penas en casos penales. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de medidas podrían generar discriminación o estigmatización sistemática de los migrantes.
Qué sigue para los acusados
Ambos hombres enfrentarán un juicio penal en el condado de Palm Beach. Se espera que la fiscalía solicite formalmente la pena de muerte en los próximos días, de acuerdo con lo adelantado por el fiscal general. El caso podría tardar meses en resolverse completamente, debido a la complejidad del proceso judicial en casos de pena capital.
La defensa pública del condado aún no ha emitido declaraciones sobre la estrategia que seguirán para representar a los acusados. De confirmarse que los migrantes guatemaltecos están en situación irregular, ICE también podría intervenir en el proceso judicial con una orden de detención migratoria.
Por su parte, la Embajada de Guatemala en Washington no ha hecho comentarios sobre el caso, aunque es probable que intervenga para brindar apoyo consular, como establece el derecho internacional.
La aplicación de la pena capital a inmigrantes extranjeros podría atraer la atención de organismos internacionales, especialmente si se cuestiona la legalidad de las reformas impulsadas en Florida.
