Desde la medianoche de este martes, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles iniciaron un paro comunitario de un día y un boicot económico contra grandes corporaciones, en protesta por los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. La medida busca enviar un mensaje claro al gobierno federal: las comunidades inmigrantes no están dispuestas a tolerar redadas que, según denuncian, violan derechos humanos y siembran miedo.
El paro fue convocado por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 721, el Centro de Recursos Centroamericanos y el Centro de Trabajadores de la Costura, entre otros.
Boicot económico contra corporaciones vinculadas a redadas de ICE
Los organizadores pidieron a la comunidad que durante todo el martes evite consumir en cadenas como Home Depot, Target, Walmart y restaurantes de comida rápida como McDonald’s. Según CHIRLA, estas empresas, “implícitamente o no, han permitido que sus instalaciones se utilicen como puntos de captura por parte de agentes federales, causando dolor y terror en familias trabajadoras”.
“We’re taking our park back. We’re taking our city back!” The indomitable Angelica Salas @CHIRLA addresses the rally ro reclaim MacArthur Park #AltoALasRedadas #StopTheRaids pic.twitter.com/4F0NioJ3mM
— UNITE HERE Local 11 (@unitehere11) August 12, 2025
Al mismo tiempo, las agrupaciones impulsan la compra directa a vendedores ambulantes locales. Sin embargo, muchos de ellos han optado por no salir a trabajar debido al temor a las redadas de ICE. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, hizo un llamado especial: “Vayan con su vendedor ambulante local, cómprenle flores, comida o lo que ofrezca. Merecen una oportunidad en este momento en que están sufriendo”.
Protestas en calles y plazas emblemáticas
El paro incluyó una serie de actividades para visibilizar el rechazo a las redadas de ICE. Desde temprano, trabajadores de comida rápida en un restaurante cercano a MacArthur Park se sumaron a la huelga.
A las 10:00 a.m., manifestantes comenzaron a reunirse en MacArthur Park para luego marchar hacia la sede de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Por la tarde, a las 5:00 p.m., se programó una concentración en la histórica Placita Olvera, que derivó en una marcha al Centro de Detención Metropolitano, donde se realizó una vigilia a partir de las 7:15 p.m.
La elección de estos lugares no fue casual: tanto MacArthur Park como la Placita Olvera son símbolos de resistencia e identidad cultural para la comunidad latina en Los Ángeles.
Escalada de operativos de ICE en California
Según datos de los organizadores, desde el 6 de junio las redadas de ICE se han intensificado en Los Ángeles y condados vecinos, con cerca de 2,800 personas arrestadas por presunta falta de documentos migratorios. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó 1,400 detenciones adicionales.
Organizaciones en Los Ángeles inician un paro comunitario de un día en la que piden no comprar en negocios como Home Depot, Walmart, Target y McDonald’s. Foto: X/@unitehere11
Aunque una jueza federal ordenó restringir temporalmente las redadas en siete condados, decisión ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, las acciones no se han detenido por completo. Incluso se han realizado nuevos operativos en tiendas Home Depot, desafiando la instrucción judicial.
En uno de los casos más polémicos, agentes llegaron en un camión de la empresa Penske a un Home Depot en Westlake para atraer a trabajadores, logrando detener a 16 personas. El hecho provocó indignación y fue uno de los detonantes del paro comunitario.
Respuesta del gobierno y clima político
El presidente Donald Trump, en su segundo mandato desde enero de 2025, ha reiterado que la aplicación de la ley migratoria “no es negociable” y que ningún santuario puede evadir la autoridad federal. Voces como la del juez federal Bill Essayli han reforzado este mensaje en redes sociales, asegurando que el gobierno seguirá con las redadas de ICE pese a la oposición local.
Por su parte, Home Depot negó cualquier coordinación con las autoridades migratorias y aseguró que no recibe notificación previa de los operativos. La empresa afirma que simplemente cumple con las regulaciones federales y locales donde opera.
Organizaciones comunitarias en defensa legal
CHIRLA y otras organizaciones han llevado los casos a los tribunales, documentando abusos y solicitando medidas de protección temporal para frenar las redadas de ICE. “Confiamos en la Constitución y en el sistema judicial para defender los derechos de los inmigrantes”, declaró Angélica Salas.
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Abogados de derechos civiles advierten que la expansión de centros de detención privados y la cooperación de algunas corporaciones con las autoridades federales son parte de una estrategia más amplia para aumentar la capacidad de arrestos, lo que podría provocar más temor y retraimiento en las comunidades inmigrantes.
Impacto económico y social
Más allá del mensaje político, el paro pretende mostrar el peso económico de la población inmigrante en Los Ángeles. Estudios recientes indican que, si todos los inmigrantes dejaran de consumir por un solo día, el impacto podría alcanzar millones de dólares en pérdidas para negocios locales y nacionales.
El boicot también busca abrir un debate sobre la responsabilidad corporativa. Organizaciones comunitarias sostienen que las empresas deben tomar postura y proteger a sus clientes y empleados de redadas que consideran injustas.
En el plano social, líderes comunitarios alertan sobre el incremento de la ansiedad y el aislamiento entre familias indocumentadas, que temen salir de sus hogares para actividades básicas como ir al supermercado o llevar a sus hijos a la escuela.
Próximas acciones
Los organizadores anticipan que esta es solo la primera de varias protestas que se llevarán a cabo en la segunda mitad del año si las redadas de ICE continúan. Ya se planean jornadas de movilización en otras ciudades de California e incluso en estados con alta población latina como Texas y Arizona.
Además, grupos de defensa legal trabajan en estrategias para frenar el uso de instalaciones privadas y corporativas como puntos de detención, así como en campañas de información para que los inmigrantes conozcan sus derechos durante los operativos.
