Tres congresistas demócratas de Nueva York denunciaron este miércoles que se les impidió entrar al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde buscaban inspeccionar las condiciones de más de 100 inmigrantes detenidos. La negativa de acceso, que incluyó un episodio donde quedaron atrapados entre una valla y las instalaciones, ha generado indignación y críticas hacia las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Un intento frustrado de supervisión
Los congresistas Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, Nydia Velázquez, representante de Brooklyn, y Dan Goldman, acompañados por miembros de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU), llegaron al MDC con la intención de revisar las condiciones de los detenidos. Sin embargo, agentes enmascarados les negaron la entrada y los retuvieron durante 30 minutos entre una valla y la prisión, según un portavoz de Espaillat. “¡No pueden entrar ni salir!”, publicó la NYIC en redes sociales, denunciando el bloqueo.
Este incidente marca la primera vez que estos congresistas intentan visitar el MDC, pero no es su primer enfrentamiento con restricciones. En dos ocasiones previas, se les negó el acceso al décimo piso de un edificio federal en Manhattan, donde también se retienen inmigrantes. A pesar de su derecho constitucional a realizar visitas de supervisión sin previo aviso, las autoridades federales han obstaculizado repetidamente sus esfuerzos.
Un historial de abusos en el MDC
El MDC, conocido por albergar a figuras como el rapero Sean Combs (Diddy), el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar (Fito), ha sido criticado por condiciones “inhumanas”. Informes de la ACLU documentan negligencia médica, temperaturas extremas y hacinamiento en la prisión, que opera bajo un acuerdo reciente entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Federal de Prisiones. “El MDC tiene un historial de abusos documentado. ICE no debería expandir su alcance mediante acuerdos clandestinos”, afirmó Espaillat.
Por su parte, Velázquez calificó la negativa de acceso como una “violación flagrante” de los derechos del Congreso. “Tenemos derecho a inspeccionar estas instalaciones, especialmente ante denuncias de abuso y negligencia. No nos quedaremos callados”, aseguró. Los congresistas exigen la cancelación inmediata del contrato que permite a ICE usar el MDC para detener inmigrantes, muchos de los cuales, según activistas, no tienen antecedentes penales.
La campaña de deportaciones de Trump
La obstrucción a los congresistas ocurre en el contexto del plan de deportaciones masivas impulsado por Trump, que ha resultado en más de 200,000 detenciones de inmigrantes en 2025, según el Departamento de Seguridad Nacional. En Nueva York, las redadas han aumentado un 31% respecto al año pasado, con 1,900 arrestos reportados. Organizaciones como Mixteca han denunciado que los detenidos en el MDC enfrentan dificultades para contactar a familiares o abogados, lo que facilita su deportación. “El sistema está diseñado para desconectarlos de sus redes de apoyo”, señaló Lorena Kourousias, directora de Mixteca.
Además, la situación refleja una tendencia más amplia. En otros estados, como Texas y California, congresistas como Verónica Escobar y Maxine Waters también han sido bloqueados al intentar inspeccionar centros de ICE, lo que ha llevado a una demanda de 12 legisladores demócratas contra la administración Trump por obstruir su derecho de supervisión. “Esto no es un truco publicitario, es una amenaza a la democracia”, declaró Espaillat en una conferencia de prensa.
Llamados a la transparencia y la acción
La falta de acceso ha intensificado las críticas hacia ICE, especialmente por su uso de instalaciones como el MDC, descrito por jueces federales como “bárbaro” debido a su escasez de personal y malas condiciones. Organizaciones como la NYIC y la ACLU han exigido una investigación sobre el acuerdo entre ICE y la Oficina Federal de Prisiones, mientras los congresistas planean acciones legales para garantizar el acceso. “¿Qué ocultan?”, cuestionó Goldman, señalando que la opacidad de ICE pone en riesgo los derechos humanos de los detenidos.
A medida que las tensiones crecen, las comunidades inmigrantes de Nueva York viven con temor. Activistas reportan que muchos evitan hospitales o escuelas por miedo a ser arrestados, mientras la ciudad, conocida por sus políticas santuario, enfrenta presión para mantener su compromiso con los inmigrantes frente a la agresiva agenda migratoria de Trump.
