El Undécimo Circuito de Apelaciones respaldó recientemente la aplicación de la ley SB 264 en Florida. Rechazó denuncias de organizaciones civiles que defendían que la legislación es discriminatoria. La ley fue propuesta por el gobernador republicano Ron DeSantis y aprobada en 2023. Establece que ciudadanos de China, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria no pueden adquirir propiedades a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares consideradas críticas.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró la decisión del circuito de apelaciones afirmando que ganaron “en grande” al defender la ley que “previene la posesión de tierra en Florida”. Según el fallo de la corte, los extranjeros que no tengan visa de turismo o solicitud de asilo pueden adquirir inmuebles de hasta 8.000 metros cuadrados a más de 8 kilómetros de las propiedades críticas.
Estas propiedades restringidas abarcan infraestructura de servicios vitales como salud, seguridad, servicios públicos y transporte. La decisión judicial ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario del estado, uno de los más importantes de Estados Unidos. Además, ha desatado controversia entre defensores de los derechos de inmigrantes.
Críticas sobre discriminación y efectos en comunidades
La decisión desató controversia inmediata entre defensores de derechos de extranjeros. El abogado Clay Zhu, presidente de la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense, manifestó que la ley “explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos“. También dijo que tiene “efectos escalofriantes entre los asiático-estadounidenses en Florida que simplemente quieren comprar una casa”.
La abogada Ashley Gorski, de la Unión Americana de Libertades Civiles, expresó que “todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas” y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación. Los opositores de la ley advierten que además de afectar el mercado inmobiliario, puede reforzar el estigma y la desconfianza hacia ciertas poblaciones de inmigrantes. Especialmente sobre los asiáticos que llegan al país norteamericano.
Organizaciones defensoras argumentan que la legislación va más allá de consideraciones de seguridad nacional y afecta injustamente a comunidades específicas. Estos grupos han señalado que muchas familias que buscan establecerse permanentemente en Florida se encuentran ahora con barreras significativas para acceder a la propiedad.
Justificación del gobierno sobre seguridad estatal
Desde que propuso la iniciativa, DeSantis ha defendido que el objetivo principal es “proteger la soberanía” del estado frente al comunismo, principalmente de China. Aunque la ley afecta también a otros países considerados adversarios del gobierno republicano. Según el gobernador, la legislación ayuda a mantener la seguridad estatal al limitar el acceso a instalaciones estratégicas.
Las autoridades estatales han argumentado que estas restricciones son necesarias para evitar que entidades extranjeras potencialmente hostiles obtengan control sobre propiedades cercanas a infraestructuras críticas. El gobierno de Florida sostiene que la medida es proporcional y justificada dentro del contexto de seguridad nacional. Sin embargo, la falta de claridad sobre cuáles son exactamente las instalaciones críticas y cómo se determina el radio de restricción ha generado preguntas adicionales sobre la implementación de la ley.
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