El estado de California ha aprobado una nueva legislación que tiene como objetivo reducir la persistente brecha salarial que afecta a las mujeres latinas. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, entrará en vigor el próximo año y busca garantizar transparencia salarial y mayores protecciones contra la discriminación salarial basada en género y origen étnico.
Esta medida surge en respuesta a estudios que revelan que las latinas en California ganan, en promedio, solo $0.55 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano. Se trata de una de las brechas salariales más amplias del país.
¿Qué establece la nueva ley en California?
La ley obliga a las empresas con más de 100 empleados a presentar informes detallados sobre la compensación de sus trabajadores, desglosados por raza, género y ocupación. También exige a las empresas que informen los rangos salariales en las ofertas de empleo, algo que antes no era obligatorio.
Además, prohíbe prácticas como preguntar el salario anterior de una candidata, una costumbre que perpetuaba las desigualdades salariales históricas. Ahora, las mujeres latinas podrán negociar con base en su valor profesional actual, y no en lo que ganaban antes.
Un problema estructural de larga data
Organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras han celebrado la aprobación de esta ley, argumentando que representa un avance importante, pero no suficiente.
“Las latinas enfrentan una doble barrera: por ser mujeres y por ser de origen latino. Esta ley es un paso necesario para cambiar eso”, afirmó Dolores Rivera, directora del Centro de Justicia Laboral de Los Ángeles.
Según datos del Instituto de Políticas Públicas de California, las latinas son el grupo de mujeres con mayor participación en la fuerza laboral del estado, especialmente en sectores como servicios, salud, educación y agricultura, pero siguen siendo las peor remuneradas.
Impacto esperado y seguimiento en la brecha salarial entre latinas
Se espera que esta legislación beneficie a miles de trabajadoras en todo el estado, promoviendo prácticas laborales más justas y transparentes. El Departamento de Trabajo de California será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y podrá imponer sanciones a las empresas que no cumplan con los requisitos.
Además, se impulsarán campañas educativas para que las trabajadoras conozcan sus derechos y aprendan a identificar prácticas discriminatorias en sus lugares de trabajo.
