Estados Unidos enfrenta una polémica creciente por las multas millonarias que el gobierno está imponiendo a migrantes sin estatus legal. Estas sanciones diarias de casi mil dólares, diseñadas para presionar a quienes permanecen en el país a salir voluntariamente, han generado demandas ante tribunales por presunta ilegalidad. La nueva ley que respalda estas multas es cuestionada por organizaciones defensoras de derechos civiles que aseguran que su aplicación es excesiva y violatoria de derechos fundamentales.
La ley y las multas diarias
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a imponer multas civiles diarias de 998 dólares a más de 21,500 inmigrantes liberados bajo órdenes de supervisión. La medida busca incentivar que estas personas abandonen el país ante el temor a deudas impagables.
Sin embargo, los abogados que representan a los afectados denuncian que estas multas no solo son desproporcionadas sino inconstitucionales. La demanda presentada en un tribunal federal de Massachusetts a finales de noviembre busca anular estas sanciones por considerarlas contrarias a la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales.
Impactos para las familias migrantes
Para miles de inmigrantes, estas multas significan una carga financiera insostenible. En vez de recibir apoyo para cumplir con los procesos migratorios, enfrentan embargos de salarios, vehículos e incluso viviendas. A pesar de cumplir con sus citas y procedimientos legales, como las revisiones periódicas en ICE, están siendo sancionados severamente. Por ello, defensores argumentan que la política induce miedo y desesperación, afectando especialmente a familias trabajadoras.
DHS y la administración presidencial defienden la política como una herramienta legal legítima para reducir la estancia ilegal prolongada. Según ellos, antes de imponer estas multas se emiten múltiples advertencias y la intención es clara: motivar a abandonar el país para no incurrir en sanciones aún mayores. La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que estas medidas buscan hacer cumplir la ley federal de inmigración en todos sus términos sin excepciones.
Contexto político y social
Estas multas forman parte de un paquete de medidas impulsadas tras el regreso del presidente Donald Trump al poder, buscando reforzar la frontera y la expulsión de inmigrantes sin autorización. En febrero pasado, el DHS anunció estas penalizaciones financieras como parte de un esfuerzo coordinado para incentivar la salida voluntaria de los indocumentados. El mensaje oficial es contundente: “váyanse ahora”.
No obstante, las críticas han crecido alrededor del país. Además del asunto legal, se cuestiona la ética y el impacto humanitario de multas que pueden arruinar vidas y crear inestabilidad social profunda.
