La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para abordar la situación de las personas sin hogar en Washington D.C., anunciando que quienes rechacen trasladarse a albergues podrían enfrentar multas o arrestos. Esta medida comenzó el 11 de agosto de 2025. Incluye el control federal del Departamento de Policía Metropolitana (MPD). También se desplegarán 800 efectivos de la Guardia Nacional, según la Casa Blanca. La política busca limpiar las calles de campamentos improvisados, pero ha generado críticas por su enfoque punitivo hacia una población vulnerable.
Una política estricta contra los campamentos
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó el plan el 12 de agosto. Lo hizo en una conferencia de prensa. Dijo que las personas sin hogar deben elegir entre aceptar servicios en albergues o enfrentar sanciones. “Se les dará la opción de abandonar su campamento para ir a un albergue, donde recibirán ayuda para adicciones o salud mental. Si se niegan, serán multadas o encarceladas”, aseguró Leavitt. La medida se basa en el Código DC 22-1307 y la regulación municipal DC 24-100, que permiten al MPD actuar contra los campamentos, según The Hill.
Por lo tanto, la estrategia ha sido rápida. Desde marzo de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva “Hacer del Distrito de Columbia un lugar seguro y hermoso”, la Policía de Parques de EE.UU. ha desmantelado 70 campamentos en terrenos federales, con los dos restantes programados para ser eliminados esta semana, según AP. En la primera noche del operativo, el 11 de agosto, 850 agentes realizaron 23 arrestos por delitos que incluyen homicidio, posesión de narcóticos y conducción temeraria, confiscando seis armas ilegales, según Spectrum News.
La voz de la Casa Blanca
Trump, en un mensaje en Truth Social el 10 de agosto, pidió que las personas sin hogar “se vayan ya” de la capital. Prometió alojamiento “lejos del centro”. Leavitt aclaró que el traslado fuera de la ciudad es una opción bajo consideración, aunque el enfoque inmediato es reubicar a las personas en albergues o centros de tratamiento. La administración menciona una “emergencia de seguridad pública” para justificar el control del MPD. Esto se basa en la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973. Esta ley permite al presidente tomar el mando policial por hasta 30 días, según Politico.
En consecuencia, el operativo ha generado controversia. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó la federalización como “inédita y perturbadora”, destacando que no fue notificada previamente. Además, la ciudad solo tiene 30 camas de albergue para hombres y 30 para mujeres, según Mother Jones. Esto limita las opciones para las 5,600 personas sin hogar en D.C., según el National Alliance to End Homelessness.
Críticas de activistas
Organizaciones como el National Homelessness Law Center han condenado la política, argumentando que criminaliza la pobreza. Jesse Rabinowitz, director de comunicaciones, advirtió que “encarcelar a personas sin hogar no soluciona la crisis, sino que la agrava”. Un informe de HUD señala que el número de personas sin hogar en EE.UU. alcanzó un récord de 771,000 en 2024, impulsado por la falta de vivienda asequible y altos costos de vida. En D.C., la prevalencia es de 83 personas sin hogar por cada 10,000 habitantes, la más alta del país, según USA Facts.
Pese a todo, la administración defiende su enfoque. Leavitt afirmó que las leyes locales, ignoradas durante años, ahora se aplicarán rigurosamente para “hacer D.C. segura y hermosa”. Sin embargo, Andy Wassenich de Miriam’s Kitchen señaló que los albergues disponibles son de difícil acceso y poco atractivos para muchas personas sin hogar, quienes temen perder sus pertenencias en los desalojos. Un estudio de ScienceDirect de 2023 indica que los desalojos de campamentos a menudo resultan en la pérdida de propiedad personal y no conectan a las personas con vivienda estable.
Un debate en curso
La Corte Suprema respaldó en 2024 la legalidad de sancionar a personas por dormir en espacios públicos, incluso sin albergues suficientes, lo que ha facilitado políticas como la de Trump. Mientras tanto, Equal Justice Under Law y otros grupos piden al Congreso aprobar la Ley de Vivienda, No Esposas, para prohibir la criminalización de la falta de hogar. En D.C., donde el crimen violento ha disminuido un 26% en 2025 según el Departamento de Justicia, la estrategia de Trump enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos de una población marginada.
