Una nueva ola de denuncias ha puesto bajo presión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Varias mujeres aseguran haber sufrido abusos, negligencia médica y malos tratos mientras estaban embarazadas y detenidas en centros migratorios del país.
Las acusaciones fueron documentadas en una carta enviada este miércoles por abogados y organizaciones de derechos civiles a funcionarios del ICE y a comités del Senado. El documento relata casos de abortos espontáneos, falta de atención médica oportuna, encadenamientos durante emergencias de salud y deficiencias alimentarias.
Activistas piden la liberación de mujeres embarazadas
“La carta muestra la punta del iceberg”, afirmó Eunice Cho, asesora jurídica principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. “Hay mujeres que fueron esposadas mientras perdían un embarazo y otras que suplicaban por vitaminas prenatales, pero se las negaron”, agregó.
Además de la ACLU, organizaciones como National Immigration Project, Robert F. Kennedy Human Rights, Sanctuary of the South y Sanctuary Now Abolition Project también firmaron el informe. Todas exigen que ICE libere de inmediato a las mujeres embarazadas, puérperas o en periodo de lactancia que estén bajo custodia.
Los grupos de derechos humanos dicen que estas prácticas rompen las reglas de la Administración Biden. Estas reglas prohíben detener a mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz sin una razón de seguridad nacional o criminal.
Casos que estremecen
Entre los testimonios importantes está el de “Lucía”, un nombre falso. Ella, según el informe, tuvo una hemorragia mientras estaba detenida en un centro de ICE.
“Pidió atención médica inmediata, pero la dejaron esperando hasta el día siguiente”, se lee en la carta. “El personal la trasladó a una pequeña habitación, la dejó sola sangrando y no le proporcionó ni agua ni analgésicos”.
Horas más tarde, cuando su estado empeoró, fue llevada a un hospital con las manos y los tobillos encadenados. Allí los médicos confirmaron que había sufrido un aborto espontáneo y necesitaría una transfusión de sangre. Tras su recuperación, ICE la regresó al centro de detención antes de finalmente deportarla.
Otro caso, el de “Marie”, mostró cómo las autoridades mantuvieron detenida durante 20 semanas, en condiciones precarias, a una mujer embarazada con problemas médicos. Según los defensores, se le negó comida adecuada, acceso a vitaminas prenatales y servicios de traducción para entender los procedimientos médicos.
“Fue una experiencia devastadora”
Marie relató que fue puesta en aislamiento porque los funcionarios “no le creyeron” cuando informó sobre su embarazo. También afirmó que le aplicaron una vacuna sin su consentimiento. “Informó de calambres fuertes y pidió ayuda médica, pero fue ignorada”, sostiene el documento.
Su salud se deterioró gravemente. Después de que los abogados lograron su liberación, ella desarrolló eclampsia —una complicación grave del embarazo— y los médicos la hospitalizaron por riesgo de fallo orgánico.
“Marie sigue luchando contra la depresión posparto derivada del trauma sufrido”, dijo Mich González, cofundadora de Sanctuary Now Abolition Project. “Es un ejemplo del daño psicológico y físico que estas detenciones provocan”.
ICE niega las acusaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE no respondieron al más reciente documento, aunque en agosto un portavoz negó todas las acusaciones de maltrato.
“Cualquier afirmación sobre condiciones deficientes en los centros de detención de ICE es falsa”, señaló entonces la vocera del DHS, Tricia McLaughlin. “A todas las personas bajo custodia se les brinda comidas adecuadas, atención médica y la posibilidad de comunicarse con abogados y familiares”.
Además, explicó que cada detenido pasa por exámenes médicos y psicológicos al ingresar, y tiene acceso a atención las 24 horas. Sin embargo, defensores de inmigrantes afirman que la realidad en los centros dista mucho de lo que las autoridades declaran.
Denuncian violaciones a políticas federales
Las organizaciones que firman dicen que los casos mostrados muestran una violación de la política oficial de ICE. Esta política debería evitar la detención de mujeres embarazadas, excepto en circunstancias extremas.
En la carta se destacó que las condiciones de confinamiento son especialmente dañinas para personas gestantes. “El estrés prolongado y la incertidumbre sobre la duración de la detención son devastadores”, concluyó González.
El documento que se envió al Congreso quiere presionar al Gobierno federal. Busca que revise las condiciones en los centros de ICE. También quiere que detenga la práctica de encarcelar a mujeres embarazadas. Por ahora, ni el DHS ni ICE han anunciado cambios en sus protocolos de detención.
