Minnesota presentó este lunes una demanda contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a una serie de operaciones de control migratorio desplegadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas zonas del estado. La acción legal llega después de que una mujer muriera por disparos de un agente federal en Mineápolis la semana pasada.
Según la querella, el estado y las llamadas “Twin Cities” —Mineápolis y Saint Paul— acusan al ICE de implementar redadas “militarizadas” que habrían violado derechos constitucionales y afectado la seguridad pública. De acuerdo con el documento presentado ante un tribunal federal, “miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las comunidades locales con detenciones ilegales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales”.
“Metro Surge”, el operativo bajo escrutinio
Desde diciembre pasado, el ICE ejecuta la operación denominada “Metro Surge”, que, según informó la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ya ha resultado en más de 2.000 arrestos en todo Minnesota. Las autoridades aseguran que el objetivo es identificar y detener a personas con antecedentes criminales o en situación migratoria irregular.
Sin embargo, funcionarios estatales sostienen que estas detenciones se han desarrollado de manera arbitraria y sin supervisión judicial. Además, apuntan a que la estrategia ha generado un clima de temor entre residentes y visitantes. “Las familias están viviendo con miedo, y eso no es aceptable en nuestro estado”, afirmó McLaughlin durante una conferencia de prensa.
El caso de Renee Good y el detonante del conflicto
El origen inmediato de la demanda fue la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, ocurrida el 7 de enero en Mineápolis. La mujer recibió un disparo durante un operativo del ICE, lo que provocó indignación y protestas masivas a nivel nacional. Los abogados del estado mencionan este caso como prueba de que las tácticas del organismo “ponen en riesgo la vida de personas inocentes”.
Por lo tanto, Minnesota solicita que un tribunal federal ordene la suspensión inmediata de las operaciones migratorias en su territorio. La administración estatal argumenta que la Constitución reconoce su autoridad soberana para proteger “la salud, la seguridad y el bienestar” de sus residentes frente a acciones federales consideradas invasivas o desproporcionadas.
Reacción desde Mineápolis
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, respaldó la medida legal y pidió al gobierno federal cesar de inmediato las operaciones. “Una cosa que puedo decir con certeza es que no vamos a dar marcha atrás. Nos enfrentamos a los matones y pedimos la intervención del tribunal para poner fin a esta conducta inconstitucional”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa.
Además, señaló que la policía local ha recibido “innumerables llamadas” denunciando intentos de secuestro por parte de agentes no uniformados. Frey aseguró que la comunidad se mantiene vigilante y solidaria. “Aquí hay héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos”, añadió el alcalde, en referencia a los grupos ciudadanos que ofrecen asistencia legal y refugio temporal a familias afectadas.
Protestas nacionales contra la política migratoria
Pese a todo, el conflicto ha trascendido las fronteras del estado. Más de mil manifestaciones se registraron el fin de semana en distintas ciudades de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Miles de personas exigieron el fin de las operaciones del ICE y una revisión completa de la política migratoria de la Casa Blanca.
Por ahora, el tribunal deberá decidir si concede una orden de suspensión mientras avanza el proceso legal. Mientras tanto, en las calles de Mineápolis, los residentes continúan movilizándose en memoria de Renee Good y en defensa de lo que consideran su derecho a vivir sin miedo.
