El presidente Donald Trump desató una controversia el 11 de agosto de 2025 al amenazar con enviar la Guardia Nacional a Chicago, calificando a la ciudad como un “desastre” y tildando de “incompetentes” al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y al alcalde Brandon Johnson. Ambos líderes demócratas rechazaron la propuesta, argumentando que carece de base legal y que la ciudad ha logrado avances significativos en la reducción de la delincuencia. La amenaza llega tras la decisión de Trump de federalizar la policía de Washington D.C. y desplegar tropas para combatir una supuesta crisis criminal.
Una amenaza que desafía la legalidad
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció la federalización del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., invocando la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia para declarar una “emergencia criminal”. El presidente señaló que Chicago, junto con Nueva York y Los Ángeles, podría enfrentar medidas similares si no “se autolimpian”. “Chicago es un desastre. Tiene un alcalde y un gobernador totalmente incompetentes”, afirmó, sugiriendo que la Guardia Nacional podría intervenir para abordar la delincuencia.
Por lo tanto, Pritzker respondió con firmeza, citando la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de fuerzas militares federales para tareas de aplicación de la ley en ciudades estadounidenses sin autorización explícita. “Trump no tiene derecho ni capacidad legal para enviar tropas a Chicago”, declaró en un evento en Wheeling, Illinois. El gobernador, conocido por sus críticas al presidente, acusó a Trump de violar repetidamente la ley, mencionando su condena por 34 cargos en un caso de pagos secretos en Nueva York.
Chicago defiende sus avances en seguridad
El alcalde Johnson también rechazó la intervención, destacando que la seguridad pública ha sido su prioridad desde que asumió el cargo en 2023. Según datos del Departamento de Policía de Chicago (CPD), los homicidios cayeron un 31% y los tiroteos un 37% en los primeros siete meses de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. En total, Chicago registró 240 homicidios hasta el 3 de agosto de 2025, un 48% menos que los 463 del mismo período en 2021. “Enviar a la Guardia Nacional solo desestabilizaría nuestra ciudad”, afirmó Johnson en un comunicado.
Además, Johnson señaló que la administración Trump recortó $158 millones en fondos para programas de prevención de la violencia en 2025, sumándose a la eliminación de $800 millones en subvenciones nacionales para iniciativas similares. “Si Trump quiere ayudar a Chicago, debería liberar esos fondos en lugar de amenazar con tropas”, dijo el alcalde, subrayando que la ciudad ha invertido en programas comunitarios que han contribuido a la reducción de la violencia.
Contexto político y tensiones
La amenaza de Trump no es nueva. Durante su primer mandato, envió 100 agentes federales a Chicago en 2020 tras el aumento de la violencia postpandemia, una medida que no tuvo un impacto significativo. El Concejo Municipal de Chicago, que declaró a Trump “persona no grata” en 2018 por sus comentarios contra inmigrantes, refleja el rechazo de la ciudad a sus políticas. Illinois, un estado “santuario” que protege a los indocumentados, ha sido un objetivo recurrente de Trump, quien ha intentado retener miles de millones en fondos federales para la ciudad.
En consecuencia, las críticas de Trump a Pritzker y Johnson también tienen un trasfondo político. El presidente se burló de las aspiraciones presidenciales de Pritzker para 2028, afirmando que “ha perdido algo de peso, así que quizá tenga una oportunidad”. Pritzker respondió en una declaración oficial: “Gracias por el cumplido, Donald. Pero no le mintamos al público: no tienes autoridad para tomar el control de Chicago”. El gobernador, que busca un tercer mandato en 2026, reiteró su compromiso con los residentes de Illinois, independientemente de su estatus migratorio.
Un debate que trasciende Chicago
La retórica de Trump también apunta a la eliminación del sistema de fianza sin efectivo en Illinois, implementado por la Ley SAFE-T en 2023. Esta reforma, que permite a los jueces decidir la detención basándose en el riesgo y no en la capacidad económica, ha reducido los delitos violentos y patrimoniales, según el senador estatal Elgie Sims. Trump, sin embargo, insiste en que el sistema es un “desastre” y planea presionar al Congreso republicano para revertirlo.
Pese a todo, las tensiones entre Chicago y la administración Trump reflejan un choque más amplio entre el control federal y la autonomía local. Mientras la ciudad continúa sus esfuerzos para reducir la violencia, líderes como Johnson y Pritzker defienden su derecho a gestionar la seguridad sin interferencias externas, en un contexto donde los datos muestran avances concretos frente a la narrativa de crisis del presidente.
