Una decisión judicial en California ha dado un respiro a miles de inmigrantes al extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta medida, tomada el 31 de julio de 2025, frena temporalmente los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por eliminar estas protecciones, que permiten a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La batalla legal pone en el centro del debate las políticas migratorias y las condiciones humanitarias en los países de origen, mientras las comunidades afectadas celebran un alivio provisional.
Una protección vital para miles
La jueza federal de San Francisco que emitió el fallo bloqueó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien argumentó que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal ya no justificaban el TPS. Este programa, establecido tras el huracán Mitch en 1998 para Honduras y Nicaragua, y tras el terremoto de 2015 para Nepal, beneficia a 51,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes, según el Departamento de Seguridad Nacional. Las protecciones estaban programadas para expirar el 5 de agosto para Nepal y el 8 de septiembre para los centroamericanos, dejando a miles en riesgo de deportación.
Por su parte, la decisión judicial asegura que estos inmigrantes puedan seguir trabajando y residiendo legalmente en EE.UU. mientras se resuelve la litigation. En 2024, el TPS permitió a 670,000 personas de 16 países permanecer en el país, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, la administración Trump ha eliminado el TPS para 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos y 160,000 ucranianos, según Telemundo, intensificando las críticas por su enfoque restrictivo.
Acusaciones de motivaciones políticas
La extensión del TPS llega tras una intensa batalla legal liderada por la Alianza Nacional TPS. Los abogados, como Ahilan Arulanantham, argumentan que las decisiones de Noem no se basan en un análisis objetivo de las condiciones en los países de origen, sino en promesas de campaña de Trump. “Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, afirmó Arulanantham en una audiencia, según HCH Televisión Digital. Los demandantes sostienen que las cancelaciones reflejan prejuicios raciales y buscan cumplir con una agenda de deportaciones masivas, que en 2024 resultaron en 271,484 deportaciones, según ICE.
Además, Honduras y Nicaragua enfrentan desafíos persistentes. En 2024, el 59% de los hondureños vivía bajo la línea de pobreza, y Nicaragua continúa bajo tensiones políticas tras las elecciones de 2021, según el Banco Mundial. Nepal, por su parte, aún lidia con la reconstrucción tras el terremoto de 2015, que dejó 9,000 muertos, según la ONU. Estos datos contradicen la afirmación de Noem de “progresos significativos” en la recuperación de los países.
Resistencia judicial frente a la Casa Blanca
Pese a todo, el gobierno defiende su postura. William Weiland, abogado del Departamento de Justicia, afirmó que el TPS “no está diseñado para ser permanente” y que Noem tiene autoridad para cancelarlo, según La Jornada San Luis. Sin embargo, el fallo de la jueza de California refleja una resistencia judicial creciente contra las políticas de Trump. En mayo de 2025, la Corte Suprema revocó una extensión previa del TPS para Venezuela, pero el caso actual mantiene las protecciones para Honduras, Nicaragua y Nepal hasta que se resuelva la apelación en el Noveno Circuito, según USCIS.
Por su parte, las comunidades inmigrantes han encontrado esperanza en el fallo. En ciudades como Los Ángeles y Miami, donde residen 30% de los beneficiarios del TPS, según el Centro para el Progreso Americano, organizaciones comunitarias están ayudando a los inmigrantes a reinscribirse en el programa. En 2024, el 82% de los beneficiarios del TPS tenían empleos estables, contribuyendo con 4,500 millones de dólares en impuestos, según el American Immigration Council. Mientras la administración Trump planea nuevas restricciones migratorias, incluyendo un aumento del presupuesto de ICE a 315 millones de dólares en 2025, según The New York Times, la decisión judicial ofrece un alivio temporal a miles de familias que han construido sus vidas en EE.UU. durante más de dos décadas.
