El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está creando un nuevo sistema. Este sistema seguirá a los menores migrantes no acompañados que han entrado al país en los últimos años. La agencia busca rastrear a más de 300,000 niños y adolescentes mediante llamadas telefónicas y coordinación con policías locales.
El plan forma parte de una iniciativa federal para ubicar y monitorear también a unos 7 millones de inmigrantes que permanecen en la lista de casos pendientes de deportación y que no están detenidos.
Un programa nacional de rastreo desde Tennessee
Según documentos oficiales, ICE analiza propuestas de empresas privadas interesadas en establecer un centro de comunicación nacional en Nashville, Tennessee, que recibirá entre 6,000 y 7,000 llamadas diarias. Desde allí, agentes federales y policías locales colaborarían en la búsqueda de menores y adultos con procesos migratorios abiertos.
El objetivo es mejorar la coordinación entre fuerzas del orden y aumentar la capacidad de respuesta del programa 287(g), que autoriza a agencias estatales y municipales a participar en la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.
Un portavoz de ICE aseguró que esta medida pretende “garantizar el cumplimiento de las leyes y localizar a personas con órdenes activas de comparecencia”. Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de inmigrantes alertaron sobre el riesgo de que los datos recopilados se utilicen para realizar deportaciones masivas.
Estados demócratas rechazan la cooperación con ICE
A pesar del impulso federal, varios estados han prohibido la cooperación policial con ICE. Jurisdicciones como California, Oregón, Washington, Massachusetts y Nueva Jersey mantienen políticas que impiden a las autoridades locales colaborar con el programa 287(g).
Estas leyes buscan limitar la participación de la policía en tareas migratorias y proteger a las comunidades de inmigrantes. Según defensores de derechos humanos, los acuerdos entre ICE y agencias locales generan desconfianza y reducen la disposición de los migrantes a denunciar delitos o buscar ayuda.
Por el contrario, estados como Texas, Florida y Arizona cuentan con amplios convenios que permiten a sus departamentos locales colaborar directamente con ICE en detenciones y reportes de personas indocumentadas.
Menores no acompañados en el sistema migratorio
El gobierno federal reconoció que más de 13,000 menores migrantes no acompañados fueron localizados en los últimos meses. Hasta septiembre, 2,094 de ellos permanecían bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, encargada de su protección temporal mientras se buscan familiares o tutores legales.
El nuevo plan de ICE generó preocupación sobre el destino de los menores que sean localizados. Las autoridades no han aclarado si podrán permanecer en territorio estadounidense o si serán deportados una vez confirmada su situación migratoria.
Abogados especializados advirtieron que muchos de estos niños enfrentan procesos judiciales sin representación legal, lo que podría afectarlos al momento de determinar su estatus migratorio. Además, la mayoría proviene de países de América Central, donde enfrentan altos niveles de violencia, pobreza y reclutamiento forzoso por pandillas.
Cooperación local en el seguimiento migratorio
De acuerdo con ICE, más de 70 jurisdicciones en todo el país ya firmaron acuerdos bajo el programa 287(g). Estas agencias, al igual que las oficinas del alguacil en varios condados del sur, cuentan con permiso federal para ejecutar detenciones migratorias y notificar a ICE sobre personas bajo sospecha de estar en el país sin autorización legal.
El documento preliminar sobre el plan de rastreo detalla que se busca contratar personal bilingüe que gestione las llamadas, verifique información y coordine con autoridades locales. El sistema permitiría monitorear el paradero de migrantes con procesos abiertos o sin comparecer a audiencias ante los tribunales de inmigración.
Funcionarios explicaron que los datos telefónicos y de localización se emplearán para establecer contacto con los migrantes y recordarles sus obligaciones legales, como presentarse ante ICE o asistir a las citas judiciales.
Un debate entre control y protección
La implementación del sistema aún se encuentra en su fase inicial, pero el proyecto ya provocó un intenso debate político. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional lo presenta como una herramienta para “respaldar la seguridad pública”, críticos sostienen que amplía el alcance de la vigilancia federal sobre comunidades vulnerables.
En los próximos meses, ICE definirá qué empresa operará el centro de llamadas y cómo se compartirán los datos recabados con agencias locales. Hasta ahora, la agencia no estableció criterios claros sobre la protección de la información personal de los menores rastreados.
El tema promete profundizar las divisiones entre los estados que colaboran con ICE y aquellos que rechazan sus políticas de control migratorio.
