Una nueva denuncia de brutalidad migratoria conmociona a Texas. Activistas y grupos de derechos humanos en Houston pidieron justicia por un joven de 16 años y su padre. Ellos fueron agredidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta intervención terminó con la deportación del padre a México.
El caso ha causado mucha indignación en las comunidades latinas. Ellos denuncian un aumento de la violencia en los operativos de control migratorio. Estos operativos son implementados por la administración del presidente Donald Trump.
Un operativo violento frente a una escuela
El incidente pasó cerca de Houston, el lunes por la mañana. Arnulfo Bazán llevaba a su hijo, Arnoldo, a la escuela secundaria. Según testigos, un grupo de agentes en vehículos sin identificación bloqueó el paso del automóvil de la familia en una intersección cercana al vecindario de Magnolia Park.
Arnoldo Bazán relató que los oficiales ordenaron a su padre bajar del vehículo sin mostrar una orden judicial ni identificarse claramente. “Le empezaron a gritar, lo tiraron al suelo y lo patearon. Cuando intenté ayudarlo, uno de ellos me sujetó del cuello y me asfixió hasta que me desmayé”, contó el adolescente en una rueda de prensa junto a activistas locales.
Videos grabados por vecinos muestran parte del operativo, en el que se observan al menos tres agentes forcejeando con un hombre mientras otra persona grita pidiendo ayuda. Según el testimonio del joven, los oficiales lo mantuvieron esposado durante varios minutos antes de conducir a su padre a un vehículo distinto sin dar explicaciones.
Deportación y denuncia pública
Horas después del altercado, Arnulfo Bazán fue deportado a México pese a residir en Estados Unidos desde hace más de 20 años y tener una solicitud de ajuste migratorio pendiente. Su hijo, ciudadano estadounidense, fue trasladado a un hospital local con signos de estrangulamiento leve y contusiones en el rostro y el cuello, según el informe médico difundido por su abogado.
“Lo único que hizo mi cliente fue preguntar por qué trataban así a su padre. Lo golpearon sin motivo alguno”, declaró Elena García, abogada de la familia Bazán. La jurista confirmó que ya presentaron una queja formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por uso excesivo de la fuerza.
La organización Texas Civil Rights Project, que ayudará a la familia, dijo que este caso muestra “el nivel de impunidad” de algunos agentes de ICE. “Estamos viendo tendencias alarmantes de abusos contra personas de origen latino, incluso ciudadanos estadounidenses”, dijo la portavoz del grupo, María Salcedo.
Reacción de activistas y autoridades locales
Decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede de ICE en Houston para exigir una investigación independiente. La coalición de derechos migratorios United We Dream, con presencia en todo el estado, acusó a la agencia de “actuar como una fuerza policial paralela” sin rendición de cuentas ni supervisión judicial.
“Este es otro recordatorio de lo que vive la comunidad latina todos los días. Familias separadas, miedo y violencia”, expresó Luis Hernández, organizador comunitario de la red. Los activistas pidieron al Congreso de Estados Unidos que detenga las deportaciones por un tiempo. Esto es mientras se revisan las reglas del programa Operación Midway Blitz. Este programa amplió los poderes de ICE en escuelas y áreas residenciales.
Por su parte, la alcaldesa de Houston, Sheila Jackson, exigió explicaciones al DHS y calificó el hecho de “inaceptable”. En un comunicado, señaló que su oficina colaborará con abogados de derechos humanos para garantizar que el caso llegue a los tribunales federales.
Respuesta de ICE tras el escándalo
En un comunicado dado 24 horas después de la denuncia, ICE dijo que sus agentes actuaron “siguiendo protocolos de seguridad”. También afirmaron que la persona detenida “representaba un riesgo migratorio activo”. Sin embargo, la agencia no mencionó la agresión al menor ni ofreció detalles del procedimiento de deportación.
El portavoz del DHS en Texas, Robert Livingston, aseguró que se abrirá una revisión interna del operativo y que “se aplicarán medidas correctivas si se determina que hubo uso inapropiado de la fuerza”.
Pese a ello, organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han advertido que tales investigaciones rara vez resultan en sanciones. “En la mayoría de los casos, los agentes involucrados son reasignados y los reportes terminan sellados. La transparencia es casi inexistente”, indicó Vanessa Cárdenas, abogada de la ACLU.
Crece la tensión en comunidades latinas de Texas
La agresión a la familia Bazán ocurre en el contexto de un aumento de operativos migratorios en Texas desde julio, cuando el Gobierno federal reforzó su estrategia de deportación acelerada. En lo que va del año, más de 26.000 personas han sido detenidas por ICE en el estado, según datos oficiales.
En vecindarios de Houston y Dallas, las redadas recientes incluyen detenciones cerca de escuelas, hospitales y centros religiosos, lo que ha causado protestas de líderes comunitarios y religiosos. “El mensaje que están enviando es de miedo, no de ley”, expresó el padre Miguel Navarro, párroco local y defensor de familias migrantes.
El caso Bazán podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en el debate nacional sobre las prácticas de detención y deportación durante el segundo mandato del presidente Trump. Mientras tanto, la familia del joven exige la repatriación de Arnulfo y la suspensión de los oficiales involucrados.
