Un joven hondureño identificado como José Castro-Rivera, de 24 años, murió tras ser atropellado en una autopista de Virginia. El suceso ocurrió mientras intentaba escapar de una operación de ICE, la agencia encargada del control migratorio en Estados Unidos.
El episodio se produjo en medio de una serie de redadas recientes, que han incrementado la tensión en comunidades migrantes de varias ciudades del país. Según el informe preliminar, Castro-Rivera formaba parte de un grupo de cuatro personas retenidas por agentes de ICE durante una operación “basada en inteligencia”.
La tragedia tuvo lugar el jueves 23 de octubre en Military Highway, en la ciudad de Norfolk, Virginia. Los agentes habían identificado a los ocupantes del vehículo como personas que se encontraban de manera irregular en el país. Cuando comenzó el arresto, José decidió escapar a pie hacia la carretera.
La huida que terminó en tragedia
De acuerdo con el reporte oficial de ICE, el joven “se resistió fuertemente” antes de salir corriendo. En su intento por huir, trató de cruzar la autopista interestatal 264, donde fue arrollado por una camioneta.
El impacto fue fatal. Testigos en la zona aseguraron que el joven intentó esquivar los vehículos, pero fue golpeado casi al instante. Los agentes que participaron en el operativo realizaron maniobras de reanímación cardiopulmonar, aunque no lograron salvarle la vida.
La Policía Estatal de Virginia (VSP) aclaró que no participó en la persecución. Su intervención, indicó la institución, se limitó a investigar el atropello como un accidente de tránsito. Los oficiales de tránsito permanecieron en el lugar junto a los equipos de emergencias mientras se retiraban los restos del vehículo involucrado.
Hasta el cierre del sábado, la familia del joven no había emitido un comunicado público sobre lo sucedido. Según fuentes locales, organizaciones comunitarias en el área de Norfolk ofrecieron asistencia y acompañamiento legal a los familiares de la víctima.
Dudas sobre el procedimiento de ICE
La agencia ICE no ha revelado detalles acerca de los otros tres ocupantes del automóvil ni sobre el motivo exacto de la detención. Tampoco informó si alguno de ellos fue finalmente arrestado.
Este caso se enmarca en la estrategia de “operaciones dirigidas e impulsadas por inteligencia”, impulsada este año por la agencia migratoria. Este tipo de operativos se enfocan en personas con órdenes previas de deportación o con algún registro migratorio activo. No obstante, ICE no ha explicado si el operativo de Norfolk estaba vinculado a una redada de mayor escala.
Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si Castro-Rivera tenía antecedentes migratorios en Estados Unidos. El silencio de la agencia ha generado reclamos de organizaciones civiles que piden mayor transparencia en los procesos de detención. Funcionarios cercanos a la investigación informaron que el caso permanecerá abierto mientras se revisan los protocolos aplicados ese día. La revisión podría incluir el uso de fuerza, la persecución y la coordinación con autoridades estatales.
Reacciones y llamados a rendir cuentas
A través de un comunicado oficial, ICE lamentó el fallecimiento y afirmó que “el individuo puso en riesgo su propia seguridad y la del público al huir hacia una autopista activa”. La agencia aseguró que cooperará con las autoridades locales durante el proceso de investigación.
Pese a esa declaración, varios grupos de defensa de migrantes exigieron reformas urgentes en los protocolos de detención. Activistas en Virginia criticaron el uso de tácticas que, en su opinión, ponen en peligro la vida de las personas sin documentación.
“Estas prácticas deben revisarse de inmediato”, pidió uno de los voceros locales del Centro de Justicia para Inmigrantes de Virginia, tras conocerse el hecho. El grupo reclamó que los procedimientos migratorios deberían priorizar la seguridad y evitar escenarios donde las personas actúen por miedo.
El incidente también ha despertado inquietud entre legisladores estatales que buscan revisar las políticas de coordinación entre ICE y las fuerzas locales. Algunos funcionarios han solicitado que los operativos sean supervisados por fiscalías estatales para garantizar la rendición de cuentas.
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