El Gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que se considera un nuevo giro dentro de la política de “mano dura” del presidente Donald Trump contra el narcotráfico y la corrupción en América Latina. Según reportes de la agencia Reuters, las cancelaciones afectan a miembros del partido oficialista Morena, pero también a figuras vinculadas a otras fuerzas políticas mexicanas.
La medida, aún sin confirmación oficial por parte de Washington, podría tener consecuencias diplomáticas entre ambos países, justo cuando México enfrenta presiones crecientes por la violencia del crimen organizado y los vínculos de algunos funcionarios con grupos del narcotráfico.
Washington refuerza su política de sanciones
De acuerdo con Reuters, la decisión forma parte de un paquete de acciones unilaterales ordenadas por la Casa Blanca para sancionar a funcionarios extranjeros sospechosos de corrupción o vínculos con el narcotráfico. Un portavoz del Departamento de Estado señaló, bajo anonimato, que la ley estadounidense permite revocar visas “en cualquier momento y sin previo aviso” si se considera que el titular ha incurrido en conductas contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Aunque el Departamento no difundió los nombres de los afectados, fuentes consultadas por Reuters aseguran que la lista incluye a gobernadores, exlegisladores y altos funcionarios de seguridad de diversas entidades mexicanas. Uno de los casos más visibles sería el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien el permiso de entrada a EE. UU. le habría sido retirado en mayo junto con el de su esposo, Carlos Torres, político que pasó del PAN a Morena.
La medida provocó un escándalo en el ámbito político mexicano. Días después del anuncio, del Pilar anunció su divorcio, aunque tanto ella como su equipo han negado estar relacionados con actividades ilícitas.
Sheinbaum pide información oficial a Washington
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia de prensa matutina que su Gobierno no ha recibido comunicación formal sobre los nombres o motivos de las cancelaciones. “No tenemos información. El Gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en esto, en que se trata de un asunto personal. Solo se notifica a la persona afectada y no se comparte con otros gobiernos, salvo que exista una investigación de seguridad pública”, explicó la mandataria.
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los nombres que han circulado en medios internacionales. Sin embargo, señaló que planea enviar una nota diplomática para solicitar aclaraciones al Departamento de Estado, además de pedir “respeto mutuo” en la gestión de temas migratorios y fronterizos entre ambos países.
Una lista en expansión con antecedentes de corrupción
El caso no es aislado. Meses antes, el medio estadounidense ProPublica había adelantado que Washington preparaba una “lista larga” con políticos mexicanos sujetos a restricciones migratorias y sanciones. Esa información, publicada poco después del escándalo en Baja California, apuntaba a que los investigadores estadounidenses habían identificado vínculos financieros y políticos sospechosos entre funcionarios y grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y lavado de dinero.
Fuentes cercanas al Departamento del Tesoro indicaron entonces que la medida se enmarca en la estrategia de Trump para “asfixiar económicamente a las redes de poder vinculadas al narcotráfico”, una política que busca endurecer las sanciones internacionales sin necesidad de acuerdos multilaterales.
Reacciones políticas en México
En círculos políticos mexicanos, la noticia ha causado preocupación y desconcierto. Legisladores de la oposición pidieron transparencia al Gobierno federal y criticaron la falta de información oficial por parte de la Cancillería. Desde Morena, varios funcionarios minimizaron el hecho y lo calificaron como una “maniobra política” del gobierno estadounidense.
No obstante, analistas consideran que las cancelaciones podrían reflejar el endurecimiento de la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación. En particular, destacan que las acciones de Washington apuntan a reforzar su papel de fiscalizador ante lo que percibe como insuficiencia en la lucha antidrogas dentro de territorio mexicano.
La Embajada de Estados Unidos en México recordó que las decisiones relacionadas con el estatus migratorio de extranjeros en su territorio son “discrecionales y confidenciales”. “Estados Unidos se reserva el derecho de negar o revocar visas cuando existan motivos relacionados con corrupción, crimen organizado o amenazas a la seguridad nacional”, indicó un funcionario del Departamento de Estado.
Un golpe político en plena tensión binacional
El anuncio llega en un momento de alta tensión entre ambos gobiernos. A las presiones por el control fronterizo y los operativos de seguridad, se suma la insistencia de Washington en que México intensifique las investigaciones sobre funcionarios públicos vinculados con el narcotráfico.
Mientras tanto, las especulaciones sobre quiénes integran la lista de los 50 sancionados continúan creciendo y dominando los titulares en la prensa mexicana. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni la Cancillería de México han ofrecido nombres concretos, lo que alimenta aún más la incertidumbre y el impacto político de una decisión que refuerza la postura firme de Trump contra la corrupción y el crimen en la región.
