Florida marcó un sombrío récord en 2025 al ejecutar a diez personas en un solo año, superando cualquier registro previo en el estado. La décima ejecución, la del veterano de la Fuerza Aérea Kayle Bates, de 67 años, el 19 de agosto, ha desatado críticas de activistas y organizaciones civiles que cuestionan el sistema de pena capital. Con dos ejecuciones más programadas para las próximas semanas, Florida se consolida como líder nacional en la aplicación de la pena de muerte, representando más de un tercio de las 29 ejecuciones en Estados Unidos este año, según el Death Penalty Information Center.
La ejecución de Kayle Bates
A las 6:00 p.m. del martes, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, Bates recibió una inyección letal por el asesinato en 1982 de Janet White, una empleada de seguros en el condado de Bay. Según documentos judiciales, Bates la secuestró de su oficina, la llevó a un bosque, intentó agredirla sexualmente, la apuñaló y le robó un anillo de diamantes. La ejecución, la cuarta de un veterano en Florida este año, ocurrió pese a los esfuerzos legales de sus abogados, quienes alegaron irregularidades como la negativa a pruebas de ADN y una representación legal deficiente.
Por su parte, Bates, un afroestadounidense que enfrentó un jurado exclusivamente blanco, no pronunció palabras finales ni aceptó una última comida, según el Departamento de Correcciones de Florida. Su caso ha reavivado el debate sobre la equidad racial en el sistema judicial, especialmente porque el 95% de las víctimas en las ejecuciones autorizadas por el gobernador Ron DeSantis eran blancas, según un análisis presentado en una demanda de 2025.
Veteranos y activistas alzan la voz
Pese a todo, la ejecución de Bates desató protestas de más de 130 veteranos que, en una carta al gobernador DeSantis, pidieron clemencia para exmilitares en el corredor de la muerte. Los firmantes, con más de 1,400 años de servicio combinado, argumentaron que el síndrome de estrés postraumático y lesiones cerebrales, como las que padecía Bates tras su servicio en la Guardia Nacional, deberían considerarse atenuantes. “Ejecutar a nuestros guerreros es una traición”, afirmó Art Cody, director del Centro para la Defensa Criminal de Veteranos.
Además, Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) organizó una vigilia durante la ejecución, denunciando fallos sistémicos. “El caso de Bates expone un sistema roto: 42 años en el corredor de la muerte, sin acceso a pruebas de ADN y con un jurado no representativo”, señaló la organización. La comunidad también destacó que 30 veteranos permanecen en el corredor de la muerte en Florida, según estimaciones de 2025.
Un ritmo sin precedentes
En este contexto, Florida ha superado su récord anterior de ocho ejecuciones en un año, establecido en 2014. Con 10 en 2025, el estado lidera a nivel nacional, seguido por Texas y Carolina del Sur, con cuatro cada uno. Curtis Windom, condenado por tres asesinatos en 1992, enfrentará la inyección letal el 28 de agosto, mientras que David Pittman, por matar a tres familiares en 1990, está programado para el 17 de septiembre. El aumento en las ejecuciones, impulsado por DeSantis, ha generado críticas de activistas que lo acusan de priorizar motivos políticos sobre la justicia.
Por ahora, la controversia persiste. La fiscal general Pam Bondi defendió las ejecuciones, afirmando en un comunicado que “los criminales enfrentan las consecuencias de sus actos”. Sin embargo, el ritmo acelerado de las penas de muerte, junto con las acusaciones de sesgo racial y falta de transparencia en el proceso de selección de los condenados, mantiene a Florida en el centro de un debate nacional sobre la pena capital y su aplicación en el sistema judicial moderno.
