Un candidato demócrata al Congreso y cinco activistas fueron acusados de obstruir a un agente federal. Esto ocurrió durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre pasado. El incidente ocurrió fuera del centro de detención de Broadview, Illinois, uno de los principales puntos de tránsito de inmigrantes en el área metropolitana de Chicago.
El episodio es parte de una serie de protestas en el estado. Estas comenzaron cuando la administración del presidente Donald Trump aumentó los operativos migratorios. Esto fue bajo el programa “Operación Midway Blitz”, que se lanzó el 8 de septiembre.
La protesta que terminó en cargos federales
Según la denuncia en la Corte Federal de Distrito, Kat Abughazaleh, ex periodista y candidata demócrata, se unió a otros activistas. Ellos son Andre Martin, Michael Rabbitt, Catherine Sharp, Brian Straw y Joselyn Walsh. El 26 de septiembre, se reunieron alrededor de un vehículo oficial de ICE.
Los fiscales dicen que los manifestantes golpearon y empujaron la camioneta. También escribieron “cerdo” en la carrocería. Rompieron un limpiaparabrisas trasero mientras el vehículo intentaba entrar al centro de detención. El documento judicial dice que estas acciones detuvieron temporalmente al agente en las instalaciones. Esto es un delito de interferencia con una operación federal.
Según la acusación, los seis fueron detenidos brevemente por oficiales locales y posteriormente liberados bajo fianza. Los fiscales del distrito norte de Illinois señalaron que las conductas investigadas “representan una obstrucción directa a la labor de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley de inmigración”.
Abogados denuncian persecución política
Los representantes legales de los acusados rechazaron las acusaciones, alegando que el proceso judicial es un intento de criminalizar la protesta pacífica.
Molly Armour es la abogada de Catherine Sharp. Catherine es la jefa de gabinete del concejal de Chicago Andre Vásquez. Molly dijo que el caso es un intento deliberado de la administración Trump. Este intento busca asustar a las personas que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda. Otros abogados, como los de Rabbitt y Walsh, adelantaron que sus clientes se declararán inocentes.
Abughazaleh, por su parte, declaró que enfrentará el proceso con la convicción de haber actuado “en defensa de los derechos humanos y de las comunidades inmigrantes”.
El codemandado Brian Straw, miembro de la Junta Municipal de Oak Park, aseguró en un comunicado que “ninguna acusación impedirá que cumpla con su deber” como funcionario electo.
La “Operación Midway Blitz” y la respuesta comunitaria
La protesta de septiembre se desarrolló pocas semanas después del anuncio de la Operación Midway Blitz, una campaña federal para reforzar el control migratorio en el medio oeste de Estados Unidos. El Gobierno dijo que la iniciativa quería aumentar las detenciones de inmigrantes con antecedentes penales. También buscaba contrarrestar las políticas de “ciudades santuario”. Según Trump, estas políticas dificultan la aplicación de las leyes federales.
Sin embargo, grupos locales y líderes religiosos dijeron que la presencia de fuerzas federales ha creado miedo entre los residentes. Esto es especialmente cierto para aquellos que no tienen antecedentes criminales. En Broadview, lugar donde ICE procesa a cientos de detenidos cada semana, las manifestaciones se han vuelto frecuentes desde mediados de septiembre.
En al menos tres ocasiones, testigos y periodistas documentaron el uso de gases lacrimógenos y balas de pimienta por parte de agentes federales contra los manifestantes. Los incidentes derivaron en una demanda federal por violación de derechos civiles, interpuesta por organizaciones de prensa y activistas.
Un tribunal ordena restricciones a los agentes federales
A principios de octubre, la jueza federal Sara Ellis dio una orden temporal. Esta orden obliga a los agentes de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional a llevar identificación visible. También limita el uso de armas no letales contra manifestantes pacíficos.
La magistrada advirtió que la transparencia es fundamental para garantizar la supervisión pública y evitar abusos. La medida fue celebrada por organizaciones como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que consideró el fallo “un avance en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a protestar pacíficamente”.
Pese a esta orden, las tensiones continúan. Líderes comunitarios aseguran que el despliegue de efectivos federales ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con la intensificación del plan migratorio del presidente Trump para su segundo mandato.
Postura de la Fiscalía
El fiscal federal de Chicago, Andrew Boutros, defendió las acusaciones. Dijo que los agentes de ICE deben poder “cumplir sus funciones sin enfrentar amenazas ni ataques físicos”. Añadió que el Departamento de Justicia mantendrá su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley y que perseguirá penalmente cualquier acción que impida o violente a los oficiales federales.
El caso fue asignado a la jueza de distrito April Perry, quien recientemente detuvo un intento de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago. Se espera que la primera audiencia ocurra en las próximas semanas. Organizaciones locales están llamando a nuevas marchas. Estas marchas son en apoyo a los acusados y en contra de la militarización de las operaciones migratorias.
El proceso judicial refleja el creciente choque entre el Gobierno federal y los movimientos proinmigrantes en Illinois, un estado que ha reafirmado su compromiso con las políticas santuario y la protección de los derechos civiles de los migrantes.
