La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, declaró el 13 de agosto de 2025 un estado de emergencia en el condado de Río Arriba, incluyendo la ciudad de Española y comunidades vecinas, ante un alarmante aumento de delitos violentos y narcotráfico. La medida libera $750,000 en fondos para reforzar la seguridad pública, desbordada por la crisis de fentanilo, robos y homicidios. Esta acción responde a la creciente inseguridad en la región, situada a unas 255 millas de la frontera con México, y refleja preocupaciones nacionales sobre el crimen organizado.
Una crisis que desborda a Española
El condado de Río Arriba, especialmente Española, enfrenta una ola de violencia que ha duplicado las llamadas a la policía en los últimos dos años, según un comunicado oficial. Los delitos incluyen homicidios, robos con violencia y tráfico de fentanilo, agravados por problemas sociales como la falta de vivienda y la inestabilidad familiar. Lujan Grisham, en un comunicado, afirmó: “Cuando nuestros líderes locales pidieron ayuda, respondimos con medidas decisivas”. Los fondos apoyarán la coordinación policial, la adquisición de recursos y programas comunitarios, según AP.
Por lo tanto, la declaración de emergencia busca estabilizar la región. La gobernadora ordenó el despliegue de recursos estatales, incluyendo apoyo de la Guardia Nacional de Nuevo México, para asistir a las fuerzas locales. En Española, donde la policía reporta un aumento del 47% en delitos violentos desde 2023, las autoridades planean intensificar patrullajes y establecer centros de asistencia para personas sin hogar, según Albuquerque Journal.
Fentanilo y crimen organizado en el centro del problema
El auge del fentanilo ha sido señalado como un factor clave en la crisis. Nuevo México, con una de las tasas más altas de sobredosis por opioides en EE.UU., registró 1,200 muertes relacionadas con drogas en 2024, según el Departamento de Salud estatal. El concejal de Española, Sam LeDoux, celebró la medida en una declaración compartida por el Partido Republicano de Nuevo México, afirmando que el fentanilo “ha abrumado a nuestras fuerzas del orden”. La gobernadora también vinculó el aumento del crimen a redes de narcotráfico que operan desde México, un tema que resuena con la agenda de seguridad del presidente Donald Trump.
En consecuencia, la acción de Lujan Grisham se alinea con esfuerzos nacionales. Trump, quien ha priorizado la lucha contra el narcotráfico, anunció en febrero un acuerdo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para desplegar 10,000 soldados en la frontera y suspender temporalmente aranceles, según un mensaje en Truth Social. Estas medidas buscan frenar el flujo de fentanilo, responsable de 70,000 muertes anuales en EE.UU., según la DEA.
Críticas y preocupaciones por la militarización
La movilización de la Guardia Nacional, que incluye entre 60 y 70 efectivos para tareas como dirigir el tráfico y asegurar escenas del crimen, ha generado críticas. Daniel Williams, de la ACLU de Nuevo México, advirtió que militarizar la seguridad pública podría derivar en violaciones de derechos civiles, especialmente contra comunidades vulnerables. “La historia muestra que estas colaboraciones aumentan la criminalización de personas sin hogar”, señaló, según NBC News. En 2021, Lujan Grisham ya había asignado policías estatales a Albuquerque para combatir el crimen, una medida que generó resultados mixtos.
Pese a todo, las autoridades locales defienden la intervención. El jefe de policía de Española, John Ramon Vigil, destacó que los recursos adicionales permitirán a los agentes centrarse en patrullajes preventivos. En Central Avenue, una zona crítica, las agresiones han disminuido un 11% en 2025, pero los homicidios juveniles han aumentado, según datos policiales. La gobernadora también planea financiar programas de prevención de adicciones, buscando abordar las causas sociales del crimen.
Contexto nacional e internacional
La crisis en Nuevo México coincide con una advertencia del Departamento de Estado que clasificó a 30 estados mexicanos en niveles de alerta por terrorismo y crimen, excluyendo solo a Yucatán y Campeche, según Infobae. Esta situación subraya los desafíos transnacionales del narcotráfico, que afectan tanto a México como a regiones fronterizas como Río Arriba. Mientras tanto, la declaración de emergencia en Española busca ser un modelo para otras comunidades, aunque enfrenta el reto de equilibrar seguridad y derechos civiles en un contexto de creciente tensión.
