Las protestas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump en Los Ángeles causaron enfrentamientos con la policía. Doce personas fueron acusadas de obstruir y agredir a agentes federales. El anuncio lo hizo la Fiscalía del Distrito Central de California. Ellos dijeron que las acciones son parte de una gran investigación llamada “Operación Puente Demasiado Lejos”.
Choques entre manifestantes y agentes en Los Ángeles
El 8 de junio, un grupo de manifestantes se reunió en la calle Alameda. Estaban frente a un centro de detención de inmigrantes. Protestaban contra las redadas migratorias del Gobierno federal. Lo que comenzó como una protesta pacífica se volvió violento. Miembros de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentaron dispersar a la multitud. Usaron gases lacrimógenos y bombas de humo.
La tensión aumentó cuando los manifestantes ocuparon un paso elevado cercano a la autopista 101, lanzando objetos contra los vehículos policiales. Algunos autos autónomos de la empresa Waymo fueron incendiados en la zona. La policía y la Patrulla de Caminos de California (CHP) respondieron con municiones de impacto reducido y gas lacrimógeno.
El FBI informó que un grupo de protestantes atacó con piedras, trozos de hormigón, scooters eléctricos y fuegos artificiales a los oficiales. Uno de los manifestantes, identificado como Yovany Marcario Canil, de 22 años, fue acusado de usar gas pimienta contra miembros de un equipo SWAT del FBI que participaba en una redada cercana.
Operación federal y lista de acusados
La fiscalía federal presentó cargos contra 12 manifestantes implicados en los disturbios, de los cuales 10 ya se encuentran bajo custodia. Entre los acusados figuran Ronald Alexis Coreas (23), Junior Roldan (27), Elmore Cage (34) y Jesús González Hernández Jr. (22). También se mencionan a Virginia Reyes (32) e Isai Carrillo (31), presuntos integrantes de la organización VC Defensa, que se dedica a documentar operativos del ICE en California.
De acuerdo con el fiscal Bill Essayli, los integrantes de este grupo habrían “movilizado voluntariamente a manifestantes para impedir la labor de los agentes federales”, filmándolos e intentando identificarlos públicamente. Essayli afirmó que ese tipo de acciones “cruza la línea de la obstrucción” y constituye un delito federal.
El fiscal agregó que, bajo su gestión, la oficina ha presentado 97 casos por agresión u obstrucción a agentes federales, con 44 pendientes de juicio y 18 ya concluidos con declaraciones de culpabilidad.
Defensores de inmigrantes denuncian persecución política
Horas después del anuncio, la agrupación VC Defensa rechazó las acusaciones a través de una publicación en redes sociales. “Esto forma parte de una caza de brujas contra quienes utilizan sus derechos constitucionales para denunciar la campaña de terror del ICE”, expresó el comunicado.
Líderes de la organización insistieron en que documentar o grabar operativos públicos no constituye un delito y acusaron al Gobierno federal de criminalizar la protesta social. “No somos delincuentes; estamos defendiendo la dignidad de las comunidades inmigrantes que viven con miedo”, manifestó uno de sus voceros durante una rueda de prensa en Boyle Heights.
El peso de las políticas migratorias
Las protestas en Los Ángeles forman parte de una ola de manifestaciones que surgieron a raíz de la expansión del programa Operación Midway Blitz, lanzado por la administración Trump para intensificar las detenciones y deportaciones en áreas urbanas consideradas “santuarios”. Las medidas provocaron rechazo en distintos sectores políticos y religiosos del estado, especialmente en comunidades latinas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que, bajo este plan, ICE ha multiplicado las redadas en California, arrestando a más de 5.000 personas entre junio y septiembre. En la mayoría de los casos, se trata de inmigrantes sin antecedentes penales, según datos obtenidos por medios locales.
“Los agentes irrumpen en barrios residenciales y lugares de trabajo sin avisar. La comunidad vive en un estado de alerta permanente”, advirtió la abogada Luz García, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Autoridades prometen “mano firme” ante disturbios
El Departamento de Justicia defendió las acciones de las fuerzas federales y reafirmó que responderá con severidad ante cualquier ataque a los agentes. “Los actos de violencia contra quienes nos protegen son un ataque a la sociedad misma”, afirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un comunicado.
Bondi añadió que los acusados “enfrentarán consecuencias graves” por incitar disturbios y dañar propiedad pública durante las protestas. El FBI ofreció una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca al arresto de otros 10 individuos presuntamente involucrados en los ataques desde el paso elevado.
Un nuevo frente político para California
El caso revive el debate sobre el uso de fuerzas federales en protestas locales y la creciente militarización de los operativos migratorios. Pese a los cuestionamientos, funcionarios del Gobierno central aseguran que las operaciones continuarán hasta “garantizar el cumplimiento de la ley”.
Durante su comparecencia, el fiscal Essayli insistió: “Ninguna protesta, por legítima que sea, justifica la violencia ni la interferencia con agentes federales. Nada detendrá nuestras labores de control migratorio”.
Mientras tanto, organizaciones civiles y abogados defensores planifican presentar demandas por violaciones a los derechos de libre expresión y exceso de fuerza, anticipando nuevas confrontaciones legales en las calles y los tribunales californianos.
