A un mes del arresto de una estudiante universitaria tras un aparente acceso no autorizado de ICE a mensajes de policías de Colorado en la app Signal, nuevas revelaciones involucran a más agentes estatales y locales que habrían compartido datos personales de inmigrantes con autoridades federales sin orden judicial.
La polémica involucra especialmente a miembros de la Oficina del Alguacil del Condado de Mesa y a la Patrulla de Caminos de Colorado, quienes utilizaron la aplicación de mensajería encriptada Signal para comunicarse con personal de agencias federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con la ley estatal vigente desde hace más de una década, este tipo de intercambio de información entre policías de Colorado y funcionarios migratorios está expresamente prohibido.
Policías de Colorado entregaron información a ICE sin autorización
La investigación fue iniciada por el propio alguacil del Condado de Mesa, Todd Rowell, luego de que Caroline Dias-Goncalves, una joven inmigrante brasileña, fuera detenida al regresar a su casa en Colorado desde la Universidad de Utah. Rowell confirmó que al menos cinco miembros de su oficina compartieron información sobre la estudiante con ICE sin tener una orden judicial ni justificación legal para hacerlo.
La pesquisa se centró en el subalguacil Alexander Zwinck, quien habría publicado en un grupo de Signal —donde participaban otros policías locales y agentes federales— detalles específicos sobre Dias-Goncalves, incluyendo su nombre, dirección y estatus migratorio. “Nuestra oficina no debió haber intervenido en este proceso”, declaró Rowell. “Lamento lo ocurrido y ofrezco mis disculpas”.
Policías de Colorado entregaron información a ICE sin autorización. Foto: X/@TimesCall
El uso de Signal por policías de Colorado bajo la lupa
Signal, la aplicación de mensajería conocida por su encriptación de extremo a extremo, fue previamente objeto de críticas cuando se descubrió que miembros de la administración del presidente Donald Trump la usaron para discutir temas sensibles. Ahora, su uso por parte de policías de Colorado ha reavivado el debate sobre la transparencia y la vigilancia en agencias locales.
El alguacil Rowell reveló que, además de Zwinck, también estuvieron involucrados un sargento, un teniente y un capitán. Todos ellos habrían compartido o facilitado el acceso a información de ciudadanos o residentes sin autorización legal. La Patrulla de Caminos de Colorado también aparece implicada, ya que habría entregado datos personales a través del mismo chat de Signal.
En respuesta, el alguacil solicitó al fiscal estatal Phil Weiser que haga pública toda la conversación contenida en ese grupo de mensajería y que investigue a fondo la posible violación de las leyes estatales.
Fiscal estatal demanda a subalguacil por violar derechos civiles
La oficina del fiscal general de Colorado, Phil Weiser, confirmó la presentación de una demanda contra Alexander Zwinck por compartir datos de inmigrantes sin autorización. Weiser también ordenó una investigación más amplia para determinar si otros policías de Colorado cometieron las mismas irregularidades.
Caroline Dias-Goncalves fue detenida por el ICE luego que oficial del Departamento del Alguacil de Mesa aportó datos sobre su estatus migratorio. Foto: EFE
“La fiscalía recibió pruebas de violaciones flagrantes de la ley estatal”, señaló un comunicado oficial. El documento agrega que otras agencias del orden también están bajo investigación por posibles patrones sistemáticos de violaciones de derechos civiles.
Weiser subrayó que su oficina tiene el deber de proteger a todos los residentes del estado, incluidos los inmigrantes, y que continuará haciendo cumplir la ley sin excepciones. “El alguacil tiene la responsabilidad de disciplinar a sus empleados. Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley”, sostuvo.
Colorado protege a los inmigrantes de colaboraciones indebidas
Desde 2013, la legislación estatal de Colorado prohíbe a sus agentes del orden colaborar con las autoridades migratorias federales sin orden judicial. Las normas impiden que los policías de Colorado pregunten sobre el estatus migratorio de una persona o compartan datos con ICE, incluso si son solicitados de forma informal.
Estas leyes se aprobaron como una forma de proteger a las comunidades inmigrantes de redadas, discriminación y deportaciones arbitrarias. Sin embargo, el caso reciente demuestra que aún existen vacíos de supervisión y posibles filtraciones dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
La presión sobre el Departamento del Alguacil de Mesa y la Patrulla de Caminos crece a medida que más organizaciones civiles exigen transparencia y responsabilidades. Diversos grupos de derechos humanos han pedido al gobierno estatal reforzar los protocolos internos para prevenir que los policías de Colorado continúen compartiendo información migratoria en secreto.
