El fin del estatus de protección temporal (TPS) y del programa de parole humanitario en Estados Unidos ha dejado a miles de migrantes latinoamericanos sin trabajo ni ingresos. Entre ellos está María, una mujer de 48 años que residía en Florida y que perdió su empleo de limpieza en escuelas tras la decisión del presidente Donald Trump de cancelar ambos programas.
“Me siento desesperada”, relató María, quien debía sostener a su hijo de 11 años con un salario de 13 dólares por hora. Ahora, sin permiso de trabajo ni ingresos, sobrevive con apenas cinco dólares en su cuenta bancaria. Su caso representa el impacto de una medida que afecta a más de 530.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, quienes habían obtenido una autorización temporal para vivir y trabajar legalmente en el país.
Ola de despidos y escasez laboral
La revocación del TPS y la retirada de permisos laborales han provocado despidos masivos en sectores como la limpieza, la construcción y los servicios, donde los latinos representan la mayoría de la fuerza laboral. Solo en Florida, miles de empleados fueron suspendidos o despedidos, dejando vacantes que las empresas no logran cubrir.
Economistas advirtieron que esta situación amenaza la estabilidad económica y la recuperación del mercado laboral. Lee Branstetter, de la Universidad Carnegie-Mellon, explicó que la llegada de trabajadores extranjeros en los últimos años ayudó a evitar un repunte inflacionario mayor. “Los inmigrantes son buenos para la economía”, subrayó el profesor.
Sin embargo, las recientes redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con las políticas restrictivas y los nuevos costos para visados laborales, complican la situación. De hecho, la creación de empleo cayó drásticamente, con un promedio mensual de 29.000 nuevos puestos entre junio y agosto, frente a los 400.000 registrados entre 2021 y 2023, según datos citados por AP.
California, uno de los estados más golpeados
El impacto del fin del TPS y de las redadas del ICE se siente especialmente en California, donde gran parte de la economía depende de la mano de obra migrante. Un estudio de la Universidad de California Merced reveló que el empleo privado cayó un 3,1% en la primera semana de junio, cuando comenzaron los operativos en Los Ángeles.
De acuerdo con el informe, el estado perdió 271.000 empleos ocupados por ciudadanos y 193.000 por no ciudadanos en un solo mes. Para Edward Flores, autor del estudio, la pérdida de mano de obra genera un efecto dominó que afecta a otras industrias. “Si se interrumpe el trabajo de los indocumentados, toda la economía se desacelera”, afirmó.
En Los Ángeles, pequeños empresarios también sufren las consecuencias. Juan Ibarra, dueño de un local de frutas y verduras, dijo que sus ventas diarias pasaron de 2.000 a solo 300 dólares. “Es prácticamente un pueblo fantasma. La gente tiene miedo”, contó.
Otro testimonio es el de Pedro Jiménez, propietario de un restaurante mexicano, quien perdió 7.000 dólares semanales y redujo horarios por falta de clientes. “Esto está perjudicando gravemente los negocios. Es peor que el Covid”, lamentó.
Agricultura en crisis y precios en alza
La agricultura, uno de los pilares económicos de California, también resiente la falta de trabajadores. Los inmigrantes constituyen más del 25% de la fuerza laboral agrícola y de la construcción, según el Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía. Sin ellos, la producción de frutas, verduras y cereales está disminuyendo y los precios suben en todo el país.
John Boyd Jr., agricultor en Virginia, advirtió que la escasez de empleados afecta directamente la producción de soja, trigo y maíz. “Estas son personas que hacen los trabajos más duros, los que muchos estadounidenses no quieren hacer”, dijo.
El Departamento de Trabajo reconoció que “el cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales combinado con la falta de una fuerza laboral legal disponible” contribuye al aumento de precios en los supermercados y a la reducción en la producción de alimentos.
Asimismo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) redujo su previsión de crecimiento económico para este año del 1,9% al 1,4%, en parte debido al freno migratorio y a la caída del consumo en comunidades con alta población latina.
Miedo y éxodo entre residentes latinos
Las políticas migratorias más duras también están impulsando a miles de inmigrantes a abandonar el país voluntariamente. En Florida, el clima de persecución llevó a familias enteras a regresar a sus lugares de origen.
Mireya Valladares, una hondureña residente en Tampa, decidió volver a su país tras años de vivir sin documentos. “Debido a la situación migratoria dijimos: ‘vámonos ya, no podemos seguir aquí’”, explicó. Aunque tenía un negocio legal, aseguró que su mayor temor era que sus hijos crecieran en “un entorno de racismo y discriminación”.
La cónsul de Honduras en Miami, Deysi Suyapa Tosta, confirmó un aumento de solicitudes de doble nacionalidad y registros de nacimiento entre familias hondureñas. “Muchos padres quieren proteger a sus hijos y asegurar que tengan documentos válidos”, declaró.
El endurecimiento migratorio del gobierno de Trump —que incluye 65.000 deportaciones solo en los primeros 100 días de mandato y un incremento de vuelos de repatriación— ha dejado expuestas a comunidades que antes se sentían protegidas por programas humanitarios. El futuro, para muchos, se torna incierto en un país que nuevamente mira con recelo a sus trabajadores migrantes.
