El veto migratorio del presidente Donald Trump, implementado en junio de 2025 mediante la Proclamación 10949, está generando un impacto económico significativo en Estados Unidos, según un reciente informe del Consejo Americano de Inmigración. La medida, que restringe la entrada de personas de 19 países, pone en riesgo 715 millones de dólares en impuestos y 2,500 millones en poder adquisitivo, afectando tanto a las arcas públicas como a las economías locales.
Un golpe a la economía local
El informe del Consejo Americano de Inmigración destaca que los afectados por el veto —estudiantes, trabajadores y familiares de ciudadanos— son actores clave en la economía estadounidense. En 2022, las cerca de 300,000 personas de los 19 países vetados, como Afganistán, Irán, Siria, Venezuela y Nigeria, generaron 3,200 millones de dólares en ingresos laborales. Estos trabajadores, que ocupan empleos en sectores con alta demanda como la construcción, la salud y la tecnología, contribuyeron con 715 millones en impuestos federales y estatales. Sin su presencia, las industrias enfrentan dificultades para cubrir vacantes, lo que podría reducir la producción y el crecimiento económico.
Por ejemplo, el sector de la construcción, donde los inmigrantes representan el 24% de la fuerza laboral según el Departamento de Trabajo, podría enfrentar retrasos en proyectos clave, aumentando costos para los consumidores. Asimismo, el veto limita la llegada de estudiantes internacionales, quienes aportan 40,000 millones de dólares anuales a la economía, según la Asociación Nacional de Universidades.
Restricciones que dividen familias
Además de sus efectos económicos, el veto migratorio tiene un costo humano significativo. La orden ejecutiva restringe visas de trabajo, estudio, turismo y reunificación familiar, afectando a 2.4 millones de personas naturalizadas de los países sancionados que ya residen en EE.UU. Estas personas, muchas de las cuales son ciudadanos estadounidenses, ahora enfrentan barreras para reunirse con sus familiares, lo que genera división y angustia en comunidades inmigrantes.
Por ejemplo, un ciudadano estadounidense de origen venezolano podría no recibir la visita de sus padres debido a las restricciones, lo que afecta no solo los lazos familiares sino también el gasto local asociado con el turismo. Según el Consejo Americano de Inmigración, estas visitas representan un flujo económico importante para sectores como la hostelería y el comercio minorista.
Críticas al veto y sus justificaciones
Por otro lado, el informe cuestiona las razones de seguridad nacional esgrimidas por Trump para justificar la Proclamación 10949. El presidente argumentó que el veto protege a EE.UU. de amenazas potenciales, pero el Consejo señala que 13 de los 19 países afectados tienen tasas de violaciones migratorias extremadamente bajas. Además, la medida ha sido criticada por su aparente enfoque en comunidades musulmanas y africanas, lo que refuerza acusaciones de discriminación. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han anunciado posibles demandas, argumentando que el veto viola principios constitucionales de igualdad.
El impacto fiscal del veto también preocupa a los expertos. Según el Centro de Estudios de Inmigración, los inmigrantes, incluidos los indocumentados, aportan 79,000 millones de dólares anuales en impuestos. Reducir su presencia podría aumentar el déficit federal, estimado en 1.9 billones de dólares para 2025 por la Oficina de Presupuesto del Congreso, obligando a los contribuyentes estadounidenses a compensar la pérdida de ingresos.
Efectos en el mercado laboral y los precios
Mientras tanto, la exclusión de trabajadores inmigrantes está generando tensiones en el mercado laboral. Sectores como la agricultura, que dependen en un 50% de mano de obra inmigrante según el Departamento de Agricultura, enfrentan riesgos de aumento en los precios de los alimentos. Un estudio de la Universidad de California estima que la escasez de trabajadores podría incrementar los costos de los productos agrícolas en un 6% en los próximos meses, afectando directamente el bolsillo de los consumidores.
A medida que el veto migratorio de Trump continúa generando debate, sus consecuencias económicas y sociales se hacen más evidentes. Desde la pérdida de ingresos fiscales hasta el impacto en las familias y las industrias, la medida plantea preguntas sobre su efectividad y sus costos a largo plazo para los contribuyentes y la economía estadounidense.
