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Pago parcial de SNAP: quiénes recibirán menos ayuda este mes

El Gobierno de Trump financiará solo la mitad de los pagos del SNAP en noviembre, dejando a millones de beneficiarios con menos ayuda alimentaria.
Cupones de alimentos del SNAP: el Gobierno de Trump solo proporcionará la mitad de los beneficios en noviembre
EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes que financiará parcialmente los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido popularmente como los “cupones de alimentos”. La decisión llega después de semanas de incertidumbre provocada por el cierre del Gobierno federal, que había paralizado temporalmente el flujo de fondos.

El Departamento de Agricultura (USDA), encargado de supervisar el programa, explicó que se utilizará un fondo de emergencia de 4,650 millones de dólares, suficiente solo para cubrir la mitad de los beneficios habituales en noviembre. Este respaldo beneficiará a cerca de 42 millones de personas que dependen del SNAP en todo el país, pero deja fuera a nuevos solicitantes y a quienes esperaban recibir ayuda por desastres.

“Estos fondos cubrirán el 50% de los beneficios de los hogares actualmente elegibles”, indicó el USDA. “No habrá recursos disponibles para nuevos solicitantes de SNAP ni para necesidades de emergencia”, precisó el comunicado. El organismo advirtió que, si el cierre se prolonga, podría repetirse una crisis similar en diciembre.

Millones de beneficiarios esperan respuesta

A pesar del anuncio, todavía no está claro cuándo ni cuánto recibirán exactamente los beneficiarios. El Gobierno informó que este lunes enviará a cada estado las directrices para calcular la cantidad parcial correspondiente por hogar.

“El Departamento de Agricultura cumplirá con la orden judicial y utilizará la totalidad de los fondos de contingencia hoy mismo para elaborar la tabla de beneficios disponibles”, comunicó el Gobierno federal. Los estados podrán comenzar los desembolsos una vez tengan los cálculos confirmados.

Sin embargo, los retrasos ya están afectando a millones de familias. En lugares como California y Nueva York, las autoridades reconocen que los pagos podrían tardar entre una y dos semanas. “Hablamos de personas que dependen de esta ayuda para comer. Cada día de retraso cuenta”, advirtió Rob Bonta, fiscal general de California.

En Nuevo México y Rhode Island, algunos hogares recibieron fondos de emergencia durante el fin de semana, mientras que en Delaware se espera que las transferencias no estén disponibles antes del 7 de noviembre.

El fallo judicial que obligó al Gobierno a liberar fondos

El alivio parcial fue posible tras dos sentencias emitidas el viernes por jueces federales en Massachusetts y Rhode Island. Los magistrados respondieron a demandas interpuestas por una coalición de fiscales estatales demócratas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales, que exigieron al Gobierno federal garantizar los beneficios del SNAP durante el cierre.

Los jueces ordenaron a la Administración Trump emplear fondos de emergencia para continuar las operaciones, aunque solo parcialmente. Las sentencias también dieron la opción de recurrir a otros recursos presupuestarios antes del lunes, plazo que el USDA dejó vencer sin asignar fondos adicionales.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró la decisión pero pidió un financiamiento total. “El Gobierno tiene los recursos para cubrir este programa en su totalidad. Su negativa dejará a millones de personas sin comida y al borde del hambre”, declaró en un comunicado.

Por qué el financiamiento será solo del 50%

Patrick Penn, subsecretario adjunto de Nutrición y Servicios al Consumidor del USDA, explicó que se decidió no utilizar otros 4,000 millones de dólares disponibles en los programas de alimentación infantil. “Necesitamos asegurar que no haya interrupciones en los programas escolares durante el resto del año fiscal”, justificó.

El SNAP es una pieza clave de la red de seguridad social del país y uno de los programas más costosos: su presupuesto mensual supera los 8,000 millones de dólares. Los fondos cubren la compra de alimentos básicos a través de tarjetas de débito prepagadas que operan en supermercados y tiendas minoristas.

A pesar del respaldo parcial, miles de familias enfrentan la posibilidad de recibir menos dinero del habitual. El beneficio promedio mensual del SNAP ronda los 190 dólares por persona. Al quedar recortado a la mitad, algunas familias deberán recurrir a bancos de alimentos o programas de ayuda estatal para cubrir sus necesidades básicas.

Estados buscan alternativas para suplir el déficit

Ante la falta de certeza sobre los próximos meses, varios estados están reforzando sus programas alimentarios. En Pennsylvania, el gobernador Josh Shapiro anunció un aumento en el apoyo a los bancos de alimentos locales, mientras que otros estados como Texas y Minnesota trabajan en la posibilidad de adelantar fondos propios.

Además, organizaciones comunitarias han intensificado la distribución de raciones gratuitas en las zonas más vulnerables. “Nuestras filas se duplicaron esta semana. No solo vienen beneficiarios del SNAP, también trabajadores que temen perder la ayuda”, explicó una supervisora del banco de alimentos en Filadelfia.

Cómo afecta el cierre del Gobierno a los programas sociales

El cierre federal —que ya cumple más de cinco semanas— está generando efectos en cascada sobre otros programas de asistencia. La paralización administrativa ha demorado los pagos de subsidios al alquiler, becas educativas y fondos de calefacción, lo que agrava las condiciones económicas de millones de hogares de bajos ingresos.

Defensores de los programas sociales y legisladores demócratas instan al Gobierno a actuar con urgencia. “El USDA tiene la autoridad legal y los recursos suficientes para financiar completamente el SNAP. Cualquier otra decisión es inaceptable”, exigió el líder demócrata Chuck Schumer.

Por ahora, la incertidumbre continúa y los beneficiarios del programa temen que noviembre marque el inicio de una crisis alimentaria si el Congreso no aprueba pronto un presupuesto que reabra el Gobierno.

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