Veintitrés estados y el Distrito de Columbia demandaron al gobierno de Trump por suspender los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La medida, según los demandantes, pondría en riesgo la alimentación de aproximadamente 42 millones de personas en caso de continuar el cierre del Gobierno federal.
La decisión del USDA desata la disputa
El USDA anunció que, si continúa el cierre del Gobierno, suspenderá la financiación del programa SNAP durante el mes de noviembre. El programa, que provee ayuda alimentaria a cerca de uno de cada ocho estadounidenses, enfrenta así su interrupción más grave desde su creación.
California y Massachusetts encabezaron la demanda, argumentando que la decisión del USDA es ilegal y arbitraria, pues los fondos ya fueron aprobados por el Congreso. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, pretende obligar al gobierno de Trump a liberar fondos y asegurar la continuidad del programa.
Los fiscales generales afirmaron en un comunicado que suspender los beneficios SNAP durante el cierre del Gobierno es ilegal y pone en peligro a millones.
Millones en riesgo sin los cupones de alimentos
El impacto potencial de la suspensión sería enorme. Solo en California, más de 5,5 millones de residentes dependen de los llamados “cupones de comida”. De ese total, el 63% corresponde a niños y adultos mayores, según datos del propio estado.
El gobernador Gavin Newsom cuestionó la decisión de Trump de retener la ayuda alimentaria aprobada, afirmando que generó miedo e incertidumbre en millones de familias.
El fiscal general de California, Rob Bonta, apuntó directamente contra el Departamento de Agricultura. “El USDA no solo tiene la autoridad para usar fondos de contingencia, sino también la obligación legal de hacerlo para mantener los beneficios del SNAP”, declaró.
La secretaria del USDA, Brooke Rollins, dijo que los 5.000 millones en fondos de emergencia se reservan para desastres naturales y no para SNAP.
Demócratas y republicanos enfrentados por la ayuda alimentaria
La suspensión de fondos del SNAP llegó al Congreso, donde demócratas y republicanos se culpan por poner en riesgo a millones de personas vulnerables.
Mientras el Senado sigue sin aprobar un presupuesto temporal que permita reabrir el Gobierno, los demócratas insisten en que el presidente Trump utiliza la paralización administrativa como una herramienta política para presionar al Congreso a aprobar su paquete de gasto prioritario.
En respuesta, legisladores republicanos argumentan que la responsabilidad recae en los demócratas por bloquear repetidamente el proyecto de ley de financiamiento temporal, que esta semana fue rechazado por décimo tercera vez.
Estados unidos por una causa común
La coalición de estados incluye, además de California y Massachusetts, a Minesota, Arizona, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kansas, Kentucky, Pensilvania y el Distrito de Columbia.
Los líderes estatales advirtieron que, si no se restablece la financiación antes del 1 de noviembre, el país podría enfrentar una crisis humanitaria interna. Bancos de alimentos y organizaciones comunitarias han alertado también de un aumento repentino en la demanda de asistencia alimentaria.
En Los Ángeles, voluntarios informaron que las solicitudes en comedores sociales crecieron un 25% solo en la última semana, ante la incertidumbre que rodea la continuidad de los cupones SNAP.
Contexto político y económico de la controversia
El congelamiento de los fondos del programa SNAP ocurre mientras la Casa Blanca se enfrenta a varios frentes de presión económica, incluyendo el aumento del déficit federal y el costo de los programas de defensa. En este contexto, la administración Trump ha defendido que la suspensión temporal responde a una “priorización lógica de recursos”, aunque la oposición la considera una medida cruel y políticamente motivada.
Funcionarios del DHS y del Departamento del Tesoro aseguran que el Gobierno trabaja para “proteger a los ciudadanos más vulnerables sin comprometer la estabilidad fiscal del país”. Sin embargo, los líderes estatales afirman que el costo humano de esta decisión superará cualquier beneficio financiero.
Mientras tanto, la batalla judicial se perfila como otro foco de conflicto político para la administración Trump, que enfrenta crecientes críticas por el manejo del cierre gubernamental y su impacto en los programas sociales más fundamentales para los estadounidenses.
