El DHS informó que 1,6 millones de migrantes indocumentados decidieron salir voluntariamente de Estados Unidos durante este año. Además, otras 500.000 fueron deportadas de manera forzada por las autoridades migratorias en el marco de los operativos impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
Programa de autodeportaciones voluntarias
Según el DHS, los migrantes que salieron del país participaron en un programa de autodeportación creado este año para agilizar procesos y reducir detenciones.
El programa ofrece un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión a quienes se registren oficialmente para abandonar el país. Los participantes se comprometen a no reingresar a Estados Unidos sin autorización y a cumplir los plazos establecidos por las autoridades.
La agencia informó que miles de migrantes usaron la app CBP Home para registrar su salida y obtener orientación sobre el proceso. Activistas aseguran que muchos migrantes no salieron por voluntad propia, sino por la presión de redadas y el temor a deportaciones inmediatas.
Campaña nacional para promover el retorno
El DHS impulsó una amplia campaña publicitaria en inglés y español para incentivar la participación en el programa. La campaña usó anuncios en televisión, radio y redes sociales con el lema “Regresa con dignidad”, ofreciendo apoyo económico y evitar la deportación.
Aunque no se reveló el monto total, estimaciones internas señalan que se invirtieron millones de dólares en promover esta iniciativa del DHS.
La secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, defendió el programa en conferencia de prensa. “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación, y parte de ese éxito se debe al compromiso de la gente que decide cumplir la ley por sí misma”, aseguró.
McLaughlin afirmó que las autodeportaciones alivian la carga judicial y fortalecen la política migratoria de Trump, que pretende duplicar las expulsiones anuales.
Intensificación de las redadas y deportaciones forzadas
En paralelo con el programa voluntario, la administración ha reforzado la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) en distintas regiones del país. Operativos recientes en Chicago, Los Ángeles y Houston han resultado en miles de arrestos de migrantes indocumentados.
Fuentes oficiales confirman que estos operativos “seguirán ampliándose”, con especial atención a ciudades donde, según el Gobierno, las políticas de “santuario” obstaculizan la aplicación de la ley federal. De hecho, la Casa Blanca ha autorizado más recursos para redadas en zonas urbanas y rurales, al tiempo que los tribunales migratorios procesan un número récord de casos.
“El presidente Trump ha sido claro: aquellos que violen nuestras leyes migratorias deben abandonar el país, y lo harán”, expresó McLaughlin. “Nadie está por encima de la ley en Estados Unidos”.
Efectos en comunidades migrantes
La implementación simultánea de deportaciones masivas y campañas de autodeportación ha generado temor y desconfianza en comunidades latinas. Líderes comunitarios denuncian que, en muchos casos, los migrantes se sienten obligados a aceptar la salida voluntaria por miedo a la detención o la separación familiar.
En Chicago, por ejemplo, organizaciones como la Coalición de Derechos de los Inmigrantes informaron que las llamadas a sus líneas de asistencia aumentaron más del 60% durante las últimas semanas. “Las familias están asustadas; muchos no saben si serán los próximos en ser visitados por ICE”, declaró un portavoz.
Sin embargo, funcionarios del DHS sostienen que el programa permite un retorno más humano y ordenado. “Ofrecer una oportunidad de autodeportación evita procesos judiciales costosos y reduce el tiempo que las personas pasan detenidas”, explicó un vocero del departamento.
Récord histórico en deportaciones bajo Trump
Desde el inicio del año, el DHS ha registrado la mayor cifra combinada de expulsiones y salidas voluntarias en una sola administración. En total, más de dos millones de migrantes han abandonado Estados Unidos, ya sea por deportación directa o de manera voluntaria.
La política de “retorno incentivado” se enmarca dentro de la estrategia de tolerancia cero de la presidencia de Donald Trump, que busca reforzar la aplicación de la ley migratoria y disuadir la inmigración irregular mediante incentivos y sanciones más estrictas.
Analistas destacan que el éxito del programa podría llevar al Gobierno a mantenerlo vigente en 2026, con ajustes en los incentivos económicos y en los plazos de salida. Mientras tanto, ICE y la Patrulla Fronteriza mantienen su despliegue ampliado en las principales ciudades del país, bajo el compromiso de hacer valer la ley migratoria sin excepciones.
