El gobierno del presidente Donald Trump superó este mes la marca de medio millón de deportaciones de inmigrantes indocumentados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las cifras, confirmadas el lunes, incluyen tanto expulsiones en frontera como deportaciones internas y rechazos en puertos de entrada.
Más de medio millón de deportaciones en 2025
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el DHS ha reportado 503,218 personas deportadas. Estas deportaciones son de distintas agencias migratorias. Incluyen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). De esa cifra, unas 200.000 personas fueron devueltas inmediatamente después de intentar cruzar la frontera, mientras que el resto enfrentó procesos de detención y deportación dentro del territorio estadounidense.
A pesar del aumento en las cifras oficiales, fuentes internas del DHS admiten que la agencia aún no ha logrado alcanzar el objetivo impuesto por la Casa Blanca de un millón de deportaciones por año. “El ritmo de las operaciones sigue por debajo de las metas presidenciales”, comentó un funcionario que pidió anonimato debido a la sensibilidad del tema.
La Casa Blanca refuerza su mensaje político
Mientras la cifra se convierte en bandera política, la Casa Blanca atribuye estos resultados a la política de endurecimiento migratorio aplicada desde enero. La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que las agencias “han logrado avances históricos” pese a los obstáculos legales.
“El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reactivaron una agencia que estuvo atada de manos por años”, declaró McLaughlin. “Frente a medidas cautelares de jueces activistas y amenazas constantes, el DHS, ICE y CBP no solo cerraron la frontera, sino que también cumplieron la promesa presidencial de deportar a quienes invaden nuestro país”.
El lenguaje combativo del Gobierno refleja la postura del presidente en torno a la inmigración, tema central de su segundo mandato. Según la Casa Blanca, las deportaciones representan “una victoria para los trabajadores estadounidenses y la seguridad nacional”.
Deportaciones voluntarias y nuevas estrategias
El Departamento de Seguridad Nacional destacó también que una parte de las expulsiones se ha logrado mediante programas de salida voluntaria, los cuales incentivan a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país sin enfrentar procesos judiciales.
Según el DHS, miles de familias han optado por regresar a sus países de origen con apoyo financiero del gobierno a través de un fondo de retorno humanitario. Estas iniciativas incluyen boletos de avión subsidiados y asesoría consular para facilitar la repatriación.
Además, el Gobierno lanzó campañas publicitarias en medios digitales y radio en América Central y el Caribe para disuadir los cruces ilegales, alertando sobre las nuevas penalidades y las deportaciones rápidas implementadas en los puntos fronterizos.
En paralelo, ICE ha expandido sus redadas en zonas urbanas y rurales. Estas operaciones se ejecutan en colaboración con autoridades locales y estatales bajo el marco de la Operación Frontera Segura, que prioriza la captura de personas con antecedentes criminales o con órdenes activas de deportación.
Reacciones y críticas de organizaciones civiles
Diversas organizaciones de derechos humanos advierten que estas cifras reflejan un aumento dramático en la represión migratoria, especialmente en comunidades latinas. La American Immigration Council denunció que la política federal está afectando a familias con hijos ciudadanos y tiene un impacto psicológico severo en los menores.
“Las deportaciones masivas no solucionan la raíz del problema migratorio y, en cambio, generan miedo e inestabilidad”, señaló un vocero del grupo. También acusó a las agencias de violar el debido proceso en múltiples casos, donde los migrantes no tuvieron acceso a representación legal antes de su deportación.
Mientras tanto, los defensores republicanos de la medida insisten en que la política migratoria de Trump restaura el orden fronterizo y protege empleos nacionales. Legisladores afines al presidente han calificado el récord de 500.000 deportaciones como “una muestra del cumplimiento de las promesas de campaña”.
Escenario de tensión interna en el DHS
Fuentes cercanas a la agencia admiten que, detrás del logro, existe presión constante sobre los agentes y contratistas encargados de las deportaciones. Las operaciones diarias se han intensificado en Texas, California, Arizona y Florida, mientras equipos especializados se despliegan en aeropuertos para acelerar los vuelos de retorno.
Los sindicatos dentro del ICE y la CBP han reportado sobrecarga laboral y protestas de personal, especialmente tras la implementación de cuotas más estrictas. Aun así, Tricia McLaughlin defendió la política oficial asegurando que el DHS “seguirá priorizando la seguridad nacional por encima de cualquier obstáculo burocrático”.
Según funcionarios del gobierno, el plan para 2026 busca ampliar los acuerdos de deportación con México, Guatemala y Colombia y aumentar en 40% los vuelos de repatriación.
Estas acciones dejan clara la apuesta de Trump por mantener la inmigración como eje central de su mandato, buscando mostrar resultados tangibles en un tema clave para su base política.
