El Gobierno de Estados Unidos movilizó más de 100 agentes federales, incluidos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hacia la base de la Guardia Costera en East Bay. La llegada de los efectivos marca el inicio de una ofensiva migratoria que ha generado temor y tensión en toda el Área de la Bahía de San Francisco.
Funcionarios de la Guardia Costera confirmaron la operación, mientras fuentes cercanas aseguraron que los agentes comenzaron a instalarse el jueves en la base de Alameda para usarla como centro de operaciones. Este movimiento podría anticipar un despliegue más amplio de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump, similar a los operativos migratorios en otras ciudades del país.
Trump prepara redadas masivas en la Bahía
En las últimas semanas, el presidente Trump reiteró su intención de enviar fuerzas a San Francisco. “Vamos a San Francisco y lo haremos genial. Volverá a ser genial”, declaró en televisión nacional. El mandatario sostiene que la intervención busca controlar el “caos” en las calles y detener a inmigrantes irregulares con historial delictivo.
Sin embargo, líderes locales consideran que la medida busca militarizar la ciudad y provocar enfrentamientos. “Se están desplegando agentes enmascarados que usan tácticas de control diseñadas para infundir miedo y caos”, denunció el alcalde Daniel Lurie en conferencia de prensa. El funcionario afirmó que estas acciones “solo alimentan la violencia y justifican la presencia militar en las calles”.
Tensión entre Trump y las autoridades de California
El gobernador Gavin Newsom llamó a la calma y rechazó el discurso “autoritario” del presidente. “La violencia y el vandalismo son justo lo que buscan para sembrar el caos”, escribió en sus redes oficiales, pidiendo a la población que mantenga la paz y evite confrontaciones.
Mientras tanto, la Guardia Costera informó que la base de Alameda servirá como centro logístico para reforzar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según su comunicado, la cooperación entre agencias busca “detectar, disuadir e interceptar a inmigrantes indocumentados y posibles amenazas antes de que alcancen territorio estadounidense”.
Funcionarios del DHS aseguraron que el operativo se centrará en “los peores delincuentes extranjeros ilegales”, incluyendo asesinos, pandilleros y personas acusadas de terrorismo. No obstante, organizaciones defensoras de migrantes advierten que en operativos anteriores terminaron detenidas personas sin antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos.
San Francisco enfrenta una nueva ola de operativos
Desde mayo, las autoridades han arrestado al menos a 80 solicitantes de asilo dentro de tribunales de San Francisco, según la Red de Respuesta Rápida local. La abogada Milli Atkinson, quien dirige la organización, afirmó que los rumores sobre redadas masivas han generado miedo entre las comunidades migrantes.
Atkinson pidió a las personas que llamen a las líneas de emergencia legal o se comuniquen con las redes comunitarias si detectan la presencia de agentes federales. Además, recordó que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales que garantizan su protección ante registros y detenciones arbitrarias.
“La ansiedad es real. La gente teme salir a trabajar o incluso ir al supermercado”, dijo Atkinson. “Los operativos recientes en Los Ángeles muestran que ICE no está diferenciando entre inmigrantes con y sin antecedentes, y eso pone en riesgo a miles de familias”.
Restricciones legales y desafíos en los tribunales
Distintos distritos judiciales de California han impuesto límites a los métodos de los agentes federales. Un juez federal en el distrito este del estado prohibió a ICE y la Patrulla Fronteriza usar perfiles raciales y detener personas basándose en su apariencia o idioma sin una causa razonable.
Sin embargo, el seguimiento de estas órdenes enfrenta obstáculos. Según reportes recientes, más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron retenidos injustamente por agentes de inmigración desde el inicio del mandato de Trump. En algunos casos, las víctimas incluyen mujeres embarazadas y personas a quienes se negó acceso a abogados o familiares.
Organizaciones como la ACLU del Norte de California evalúan acciones legales para impedir que la operación en la Bahía de San Francisco repita abusos registrados en el sur del estado. “La CBP ha detenido personas basándose solo en su apariencia latina o su contexto social”, señaló Shilpi Agarwal, directora legal de la ACLU. “Eso es lo que tememos que ocurra nuevamente aquí”.
Autoridades locales se desmarcan del operativo
Las fuerzas del orden locales han expresado su rechazo a participar en las redadas. La sheriff del condado de Alameda, Yesenia Sánchez, afirmó que su departamento no colaborará con ICE. “No haremos labores de control migratorio. Nuestra función es garantizar la seguridad pública, no ejecutar políticas federales”, sostuvo.
Mientras tanto, líderes comunitarios en East Bay lanzaron campañas para informar a los residentes sobre sus derechos y ofrecer refugio temporal a quienes teman ser detenidos. “La gente está muy nerviosa”, explicó Marisol Cantu, organizadora de Reimagine Richmond. “Estamos pidiendo que, si no es necesario salir, se queden en casa este fin de semana”.
San Francisco podría convertirse en el nuevo escenario de un conflicto político y social por la aplicación de las políticas migratorias del presidente Trump. Las organizaciones locales temen que el operativo federal incremente el número de detenciones arbitrarias y profundice la sensación de inseguridad entre las comunidades inmigrantes.
