El gobierno de EE.UU. ha comenzado a imponer una multa de hasta $5,000 dólares a las personas que crucen ilegalmente la frontera sur del país. La medida, que forma parte de un nuevo paquete de acciones migratorias impulsadas por la administración actual, tiene como objetivo principal reducir el número de cruces no autorizados, que han alcanzado niveles históricos en los últimos años.
Según las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la multa es una de las herramientas legales permitidas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque rara vez se había aplicado en años anteriores. Ahora, con la nueva política, su uso será sistemático y obligatorio para quienes ingresen sin autorización y sean detenidos por la Patrulla Fronteriza.
Aumento de cruces y presión política
El anuncio llega en un momento de gran presión política para el presidente de EE.UU. Él enfrenta críticas de grupos conservadores y progresistas sobre cómo maneja la migración. Durante el último año fiscal, se registraron más de 2,4 millones de encuentros con migrantes en la frontera sur. Esto ha causado preocupación sobre si el sistema migratorio y judicial puede manejar la situación.
Los funcionarios del gobierno han defendido la medida. Dicen que es una forma de hacer cumplir la ley y proteger la soberanía nacional. También aseguran que no cierran las puertas a quienes buscan asilo de manera legal. “El mensaje es claro: si cruzas la frontera de manera ilegal, enfrentarás consecuencias”, señaló un portavoz del DHS en conferencia de prensa.
El impacto de la multa en comunidades migrantes
Las organizaciones de derechos humanos y los defensores de migrantes han criticado la decisión. Dicen que las multas altas afectan más a las personas vulnerables que huyen de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países.
Además, expertos legales han señalado que la capacidad de cobro de estas multas es limitada, ya que muchos de los migrantes detenidos no tienen medios para pagar y podrían enfrentar procesos judiciales sin representación adecuada.
“Esta medida no aborda las causas profundas de la migración y solo añade otra capa de castigo a quienes ya están en condiciones precarias”, declaró Mariela Pérez, abogada de inmigración con sede en El Paso, Texas.
Multa por cruzar la frontera: alternativas y reacciones
Mientras tanto, algunos legisladores han propuesto alternativas más humanitarias y sostenibles, como la ampliación de programas de visado temporal o mayores inversiones en los países de origen. Sin embargo, las divisiones en el Congreso han dificultado avances legislativos significativos en materia migratoria.
En tanto, México y otros países de la región han expresado preocupación por el impacto de estas políticas, ya que muchos migrantes devueltos quedan varados en ciudades fronterizas, enfrentando riesgos de violencia y explotación.
