El estado de California ha aprobado recientemente una legislación llamada “No a la Policía Secreta” (There Are No Secret Police Act) que prohíbe que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como otros cuerpos del orden, cubran sus rostros durante operativos públicos. También exige que los agentes exhiban identificación visible, como nombre o número de placa, salvo en casos especiales como operativos encubiertos, exigencias médicas o uso táctico.
La medida fue firmada por el gobernador Gavin Newsom como parte de un paquete legislativo que busca proteger los derechos de inmigrantes y aumentar la transparencia en los operativos de inmigración. Además de la prohibición de máscaras, la normativa incluye restricciones para que ICE acceda a escuelas y hospitales sin orden judicial, y obliga a notificar a las familias si los agentes van a estar presentes en centros escolares.
Postura del Departamento de Seguridad Nacional frente decisión de ICE
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad federal supervisora de ICE, ha anunciado que no acatará esta ley estatal. Para DHS, la prohibición es “inconstitucional”. En un comunicado divulgado en redes sociales, la agencia argumenta que los agentes enfrentan “amenazas” crecientes (algunos de tipo personal o de doxing, la divulgación de su información personal en internet con fines de hostigamiento) y que la ley estatal les despojaría de protecciones necesarias para su seguridad personal y la de sus familias.
Puntos de tensión legal entre jurisdicciones estatal y federal
Uno de los principales conflictos radica en determinar hasta qué punto un estado puede imponer reglas directamente a agentes federales. Expertos legales consultados señalan que la legislación estatal puede enfrentarse a impugnaciones judiciales, pues hay precedentes que sostienen que el gobierno federal tiene autonomía y que las normas estatales no pueden interferir con funciones federales esenciales, especialmente en materia de inmigración.
En declaraciones públicas, el gobernador Newsom dijo que es “la primera ley de este tipo” en EE.UU., diseñada para enfrentar tácticas que él calificó como “terrorizantes” para comunidades inmigrantes, que producen temor cuando agentes sin identificarse operan con rostros cubiertos. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos civiles han apoyado la medida, diciendo que favorece la transparencia y reduce la posibilidad de abuso de poder.
Escenarios futuros e implicaciones
Aunque la ley entra en vigor el 1 de enero de 2026, su aplicación sobre ICE y otras agencias federales no está garantizada. DHS ha dejado claro que seguirá usando máscaras en operativos migratorios si lo considera necesario para la seguridad de sus agentes, argumentando que la disposición estatal le priva de herramientas que consideran fundamentales.
