Un juez federal en Washington D. C. frenó un plan de la administración de Donald Trump que buscaba deportar a cientos de niños guatemaltecos que ingresaron solos a Estados Unidos. La medida judicial representa un nuevo revés para las políticas migratorias del presidente, que han endurecido el control fronterizo y la expulsión de menores no acompañados.
La polémica operación nocturna
A finales de agosto, unos 76 niños de Guatemala casi fueron deportados de madrugada desde Texas. Esto lo denunciaron organizaciones humanitarias. Entre ellas están el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC) y el Proyecto de Abogados para Refugiados (ProBAR). Ambos grupos señalaron que las autoridades intentaban ejecutar una deportación masiva sin cumplir con el debido proceso legal.
Frente a esta situación, NILC presentó una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios del gobierno de Trump. El recurso legal buscaba detener la medida al considerar que los menores corrían riesgos graves si eran retornados sin garantías de seguridad ni representación legal.
La decisión judicial
La jueza federal Sparkle Sooknanan había otorgado inicialmente un bloqueo temporal de 15 días para evitar las deportaciones. Sin embargo, en el límite de ese plazo, el juez Timothy Kelly amplió la medida, lo que significa que los niños permanecerán en Estados Unidos mientras sus casos migratorios sigan abiertos.
En su resolución, Kelly cuestionó la versión oficial de la administración, que sostenía que cada menor sería recibido por un padre o tutor en Guatemala. “Esto resultó ser falso”, afirmó el magistrado, agregando que las autoridades parecían querer enviar a los niños sin tener identificado a un adulto responsable en su país de origen.
Reacciones de defensores migratorios
Para Efrén Olivares, vicepresidente de litigio y estrategia legal del NILC, esta decisión es una gran victoria. Es una victoria para los cientos de niños que ahora están a salvo. Están a salvo del intento ilegal de la administración Trump de expulsarlos de Estados Unidos.
De igual manera, Mishan Wroe, abogada del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, dijo que muchos menores “huyeron a Estados Unidos en busca de seguridad”. La posibilidad de ser devueltos los tenía “aterrados, con lágrimas en el rostro”.
Las organizaciones involucradas recalcan que gran parte de estos niños guatemaltecos son de comunidades indígenas y, en muchos casos, ni siquiera hablan español ni inglés, lo que dificulta aún más su defensa legal.
Casos emblemáticos
La demanda fue presentada en nombre de 10 menores, entre ellos una niña de 10 años cuya madre falleció en Guatemala y que sufrió abusos y negligencia de otros familiares. Los abogados dijeron que forzar su regreso sería una violación de los derechos humanos. También sería una falta a las protecciones legales para los menores no acompañados en Estados Unidos.
Además, los defensores señalaron que el plan del gobierno violaba acuerdos federales previos que establecen condiciones mínimas para el resguardo de niños migrantes. Estos incluyen la obligación de garantizar un entorno seguro y de evaluar caso por caso antes de cualquier deportación.
Un golpe a la política migratoria de Trump
La suspensión de las deportaciones se suma a otras derrotas legales que han enfrentado las políticas migratorias del presidente Trump. Su administración ha buscado agilizar las expulsiones mediante procesos rápidos, argumentando que es necesario reducir la llegada de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, los tribunales han advertido que estas medidas pueden vulnerar derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores de edad. En consecuencia, el caso abre un nuevo capítulo en la disputa judicial entre la Casa Blanca y las organizaciones que defienden a los inmigrantes.
El futuro de los menores
Por ahora, los niños guatemaltecos permanecerán bajo custodia federal mientras sus procesos avanzan. Los jueces deberán determinar si existe un marco legal válido para su deportación o si, por el contrario, deben recibir protección humanitaria.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos celebran el fallo como un alivio temporal, aunque insisten en que la lucha legal continuará. Para ellas, este bloqueo no solo protege a los menores involucrados, sino que también marca un precedente frente a futuros intentos de deportación masiva de niños latinos en Estados Unidos.
