La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó el 12 de septiembre de 2025 que el gobierno de Donald Trump puede terminar el parole humanitario, afectando a 430,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este fallo respalda una decisión temporal de la Corte Suprema en mayo, permitiendo la revocación de un programa que ofrecía residencia temporal y permisos de trabajo. La medida, parte de la agenda migratoria de Trump, deja a miles de familias en incertidumbre, enfrentando posibles deportaciones. La batalla legal, iniciada contra las políticas de la era Biden, marca un punto crítico para los beneficiarios del parole humanitario. Aquí te contamos los detalles de esta decisión y su impacto en la comunidad migrante.
Una victoria legal para Trump
El fallo de la Corte de Apelaciones es un triunfo para la administración Trump, que desde marzo de 2025 buscó desmantelar el parole humanitario. Los jueges, liderados por Gustavo Gelpí Jr., argumentaron que no hay una “fuerte probabilidad de éxito” en la demanda de los migrantes para mantener el programa. “Reconocemos los riesgos de daño irreparable, como la separación de familias y el retorno a países peligrosos”, escribieron, pero destacaron que estos riesgos no justifican mantener la suspensión del fin del programa.
En mayo, la Corte Suprema ya había permitido a Trump revocar temporalmente el parole humanitario, tras una apelación de emergencia de la Casa Blanca. La decisión de este viernes solidifica esa postura, dando luz verde al Departamento de Seguridad Nacional para actuar. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, defendió la revocación, argumentando que el programa era temporal y que su terminación está dentro de la autoridad del gobierno.
Impacto en los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela
El parole humanitario, implementado bajo Joe Biden en 2023, permitió a 430,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir legalmente en EE.UU. por dos años, con permisos de trabajo. Este programa, conocido como CHNV, fue diseñado para ofrecer refugio temporal a quienes enfrentaban crisis en sus países. Ahora, los beneficiarios enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal y ser deportados.
Familias que construyeron vidas en EE.UU., desde empleos hasta lazos comunitarios, están en riesgo. Por ejemplo, en ciudades como Miami y Nueva York, donde hay grandes comunidades de estos países, el impacto económico y social será notable. La decisión afecta no solo a los migrantes, sino también a sus patrocinadores estadounidenses, quienes apoyaron sus solicitudes.
La reacción de los defensores de migrantes
Esther Sung, directora legal del Justice Action Center, expresó su decepción con el fallo. “Estas personas hicieron todo lo que el gobierno les pidió”, dijo, criticando la decisión como “cruel e irracional”. Sung aseguró que su equipo continuará luchando en los tribunales para proteger a los beneficiarios del parole humanitario. Los demandantes, que incluyen a migrantes y organizaciones como Haitian Bridge Alliance, argumentaron que la terminación masiva viola el debido proceso y las leyes migratorias.
Los abogados de los migrantes señalaron que el tribunal de distrito, en abril, había bloqueado la revocación por considerarla potencialmente ilegal. Ese fallo destacó que Kristi Noem ignoró las razones humanitarias detrás del programa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó este argumento, afirmando que la ley no exige revisiones individuales para terminar el parole humanitario.
El contexto de la política migratoria
Desde su campaña, Trump prometió deportaciones masivas, y la revocación del parole humanitario es un paso clave en esa agenda. El Departamento de Justicia, liderado por D. John Sauer, defendió que evaluar caso por caso sería una “tarea gigantesca” que retrasaría los planes del gobierno. Esta postura refleja el enfoque de Trump de desmantelar las políticas migratorias de Biden, que ampliaron vías legales para migrantes.
La decisión marca la primera revocación masiva del parole humanitario en la historia reciente de EE.UU., según los demandantes. Además del CHNV, programas como Uniting for Ukraine y Operation Allies Welcome enfrentan incertidumbre, afectando a cientos de miles más. La administración también busca limitar otras protecciones, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), generando preocupación en comunidades migrantes.
¿Qué significa para los afectados?
Para los 430,000 beneficiarios, el fin del parole humanitario implica decisiones difíciles. Muchos enfrentan la posibilidad de regresar a países con inestabilidad política, violencia o crisis económicas. En Venezuela, por ejemplo, la situación sigue siendo crítica, mientras que Haití enfrenta una escalada de violencia. Los migrantes ahora deben explorar otras opciones legales, como asilo, aunque los procesos son largos y complejos.
Organizaciones comunitarias en estados como Florida y Texas están organizando talleres legales para orientar a los afectados. La incertidumbre ha generado angustia, especialmente para familias con hijos nacidos en EE.UU. La comunidad migrante espera que los tribunales inferiores, donde la demanda continúa, ofrezcan una solución antes de que las deportaciones se intensifiquen.
El futuro de la batalla legal
Aunque el fallo de la Corte de Apelaciones es un revés, la lucha legal no ha terminado. Los demandantes planean volver al tribunal de distrito para buscar un fallo definitivo que declare ilegal la terminación del parole humanitario. Este proceso podría extenderse por meses, manteniendo a los migrantes en un limbo legal.
Mientras tanto, el gobierno de Trump avanza con su agenda migratoria, incluyendo operativos de deportación. La decisión de la corte refuerza su autoridad para actuar rápidamente, pero también aviva el debate sobre la justicia en las políticas migratorias. Para los beneficiarios del parole humanitario, cada día cuenta mientras esperan claridad sobre su futuro en EE.UU.
