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ICE en escuelas: guía rápida para proteger a estudiantes

ICE en escuelas
EFE

La reciente eliminación de la política de “lugares sensibles” por parte de la administración del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, ha generado preocupación en las comunidades educativas, especialmente entre los 600,000 estudiantes migrantes sin estatus legal en las escuelas públicas de EE.UU., según el Migration Policy Institute. En respuesta, organizaciones como Advancement Project, la Campaña Nacional para Escuelas Libres de Policía y la Alliance for Educational Justice lanzaron en junio de 2025 el “Kit de Acción para la Protección de Estudiantes Inmigrantes”, un documento de 56 páginas en español e inglés que ofrece estrategias para proteger a estudiantes frente a posibles acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A continuación, exploramos las claves de esta guía para empoderar a escuelas, familias y comunidades.

Derechos de los estudiantes migrantes

La guía subraya que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a una educación pública gratuita, según el fallo de la Corte Suprema en Plyler v. Doe de 1982. Este derecho, protegido por la Constitución, prohíbe a las escuelas discriminar por origen nacional o estatus migratorio. Además, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) impide divulgar información personal de estudiantes sin un consentimiento por escrito o una orden judicial, según el Departamento de Educación. Las escuelas no deben recolectar ni almacenar datos sobre el estatus migratorio de los estudiantes, ya que hacerlo podría violar estas leyes y aumentar el temor entre las familias, según el National Immigration Law Center.

Por ejemplo, el kit recomienda que las escuelas eviten publicar información sensible en redes sociales y mantengan registros seguros para proteger la privacidad de los estudiantes.

Protocolos ante la presencia de ICE

El documento detalla cómo actuar si agentes de ICE llegan a una escuela. Solo un mandato judicial, emitido por un juez federal y con detalles específicos sobre la búsqueda, permite a ICE acceder a áreas privadas como salones de clases u oficinas administrativas, según la ACLU de Pennsylvania. Las órdenes administrativas de ICE, firmadas por un oficial de inmigración, no son suficientes para ingresar sin permiso. En caso de que agentes lleguen, la guía sugiere designar a una persona de contacto capacitada para verificar credenciales y exigir un mandato judicial antes de permitir el acceso. Si no hay mandato, las escuelas deben negar la entrada a espacios privados, aunque ICE puede permanecer en áreas públicas como estacionamientos, según el Immigrant Legal Resource Center.

Pese a todo, el kit advierte que el personal escolar no debe obstruir una investigación criminal, pero puede proteger a los estudiantes informándoles sobre su derecho a permanecer en silencio y solicitar un abogado, según la American Federation of Teachers.

Estrategias comunitarias: las “Seis D”

La guía propone un enfoque basado en las “Seis D” (Desmantelar, Descriminalizar, Despriorizar, Desmilitarizar, Desinvertir/Reinvertir y Defender) para crear entornos seguros. Esto incluye adoptar resoluciones de “Zonas Seguras”, como las implementadas por distritos en Chicago y Los Ángeles, que prohíben a ICE operar en escuelas sin un mandato judicial, según NPR. Las escuelas también deben desarrollar protocolos claros, como designar un punto de contacto para interactuar con ICE y capacitar al personal en los derechos de los estudiantes. El kit ofrece plantillas de cartas, promesas de directores y guías “Conozca sus Derechos” para empoderar a la comunidad, según Advancement Project.

Por su parte, distritos como Broward County en Florida han emitido directrices para que los directores contacten a sus oficinas legales antes de divulgar información o permitir el acceso de ICE, según ASIS International.

Apoyo a estudiantes y familias

Ante el temor generado por las políticas migratorias, el kit recomienda que las escuelas trabajen con organizaciones comunitarias para ofrecer recursos legales y emocionales. Por ejemplo, Los Ángeles Unified School District ha implementado guías de preparación familiar y equipos de respuesta rápida para apoyar a familias afectadas, según Davis Vanguard. Si un estudiante es detenido, la guía aconseja preguntar “¿Estoy libre para irme?” y, si la respuesta es negativa, permanecer en silencio y solicitar un abogado. Las familias también deben evitar abrir puertas a agentes de ICE y documentar encuentros solo si es seguro hacerlo.

Para más información, contacte a Advancement Project al 202-728-9557 o consulte el Kit de Acción para la Protección de Estudiantes Inmigrantes. Mientras las comunidades enfrentan el impacto de las nuevas políticas de ICE, estas herramientas buscan garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros para todos los estudiantes.

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