El 1 de septiembre de 2025, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que su país está preparado para recibir a unos 150 menores no acompañados cada semana desde Estados Unidos, en medio de un debate sobre la repatriación de niños guatemaltecos. Esta decisión llega tras un bloqueo judicial que detuvo los planes de la administración del presidente Donald Trump para deportar a cientos de menores, desatando preguntas sobre los motivos y las implicaciones de esta política.
Un compromiso con la reunificación familiar
Durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, Arévalo expresó que su gobierno está listo para acoger a los menores, siempre que el proceso sea voluntario o ordenado por un juez estadounidense. “Estamos en condiciones de recibir a todo niño no acompañado, identificando a sus familiares para garantizar un retorno seguro”, afirmó. Según el presidente, Guatemala tiene la capacidad logística para manejar aproximadamente 150 repatriaciones semanales, enfocándose en la reunificación familiar y el bienestar de los menores.
Por lo tanto, el anuncio refleja un esfuerzo coordinado con Estados Unidos, aunque Arévalo aclaró que la decisión sobre la cantidad y el ritmo de las repatriaciones depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses. Este enfoque busca asegurar que los niños regresen a entornos seguros, evitando los riesgos de violencia y pobreza que muchos enfrentan en sus comunidades de origen.
Preocupaciones por las condiciones de los menores
La declaración de Arévalo se produjo tras el regreso de una delegación guatemalteca, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, y el embajador en Washington, Hugo Beteta. Ambos expresaron profunda preocupación por las condiciones de los menores en centros de detención estadounidenses. Según reportes, cerca de 2.200 menores no acompañados, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, estaban bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) a julio de 2025.
Además, la delegación señaló que muchos de estos niños, de entre 10 y 16 años, enfrentan largos periodos de detención, con un promedio de 187 días en 2025, comparado con 67 días en 2024. Estas condiciones han generado críticas de organizaciones como Save the Children, que advierten sobre el impacto psicológico y físico en los menores.
El bloqueo judicial que detuvo las deportaciones
El 31 de agosto, la jueza federal Sparkle Sooknanan emitió una orden de restricción temporal que impidió la deportación de al menos 76 menores guatemaltecos, algunos de los cuales ya estaban a bordo de aviones en Texas. La decisión, impulsada por una demanda del Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC), argumentó que la administración Trump violó el debido proceso al intentar repatriar a los niños sin permitirles completar sus casos de asilo. “Estos menores tienen derecho a protecciones especiales”, afirmó Efrén Olivares, abogado del NILC.
En consecuencia, la orden judicial prohíbe cualquier deportación de menores guatemaltecos en custodia de la ORR durante 14 días, a menos que exista una orden de remoción final. Este fallo ha resaltado las tensiones entre las políticas migratorias de Trump y las leyes que protegen a menores no acompañados, como el Acuerdo Flores de 1997.
El Acuerdo Flores y los desafíos legales
El Acuerdo Flores, vigente desde hace casi tres décadas, establece que los menores indocumentados no pueden ser detenidos por más de 20 días y deben recibir condiciones seguras y adecuadas. Sin embargo, la administración Trump ha intentado modificar este pacto, argumentando que dificulta sus esfuerzos para acelerar deportaciones. Un tribunal federal en Los Ángeles supervisa su cumplimiento, lo que ha complicado los planes de repatriación masiva.
Pese a todo, Guatemala se prepara para recibir a estos menores, enfocándose en programas de reintegración que incluyen apoyo psicológico y educativo. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de migrantes exigen que se respeten los derechos de los niños, quienes a menudo huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica. La situación sigue en desarrollo, con la próxima audiencia judicial programada para mediados de septiembre.
