Desde que Donald Trump volvió a la presidencia en enero de 2025, el gobierno federal endureció las medidas migratorias. Una de las más polémicas es la decisión de cobrar multas millonarias a inmigrantes con órdenes de deportación que no abandonen el país por cuenta propia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya acumula más de 21,500 sanciones, con montos que pueden alcanzar hasta $1,000 diarios, sumando un total de $6 mil millones.
Multas a inmigrantes que no se autodeporten
El sistema, implementado en junio, cambia drásticamente la dinámica de las deportaciones. Antes, los oficiales de inmigración se enfocaban en la expulsión forzada. Ahora, además del riesgo de arresto, los inmigrantes enfrentan deudas financieras impagables.
La medida se ampara en una ley de 1996 que habilitaba multas, pero que rara vez se aplicó en las últimas tres décadas. Bajo Trump, el mecanismo se simplificó y las notificaciones incluyen amenazas de embargos fiscales, reportes a agencias de crédito y hasta uso de cobradores privados.
Un grupo de personas deportadas desde Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba
Según informó el propio DHS, los inmigrantes que no paguen podrían ver sus reembolsos de impuestos retenidos, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría considerar la deuda como ingreso imponible.
Autodeportación: la opción que promueve Trump
El gobierno de Trump asegura que existe una alternativa: la autodeportación. Según el DHS, quienes acepten salir voluntariamente no tendrían que pagar las multas y recibirían incentivos. Estos incluyen hasta $1,000 en asistencia financiera, un vuelo gratuito a su país de origen y la “posibilidad de regresar a Estados Unidos de manera legal en el futuro”.
Para solicitar este proceso, los inmigrantes deben usar la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One. Esa herramienta, creada durante el mandato de Joe Biden, había permitido a más de un millón de personas iniciar trámites legales de inmigración. Sin embargo, la administración Trump revocó el estatus legal de quienes entraron bajo ese programa, dejándolos vulnerables a la expulsión.
“Es una elección sencilla: salir voluntariamente y recibir un cheque de $1,000 o quedarse y acumular una multa diaria de $1,000, además de enfrentar arresto y deportación sin posibilidad de regreso legal”, expresó un alto funcionario del DHS.
Migrantes esposados abordan un avión militar de Estados Unidos para ser deportados a sus países de origen. X/DHS
Críticas a las sanciones contra inmigrantes
Diversas organizaciones y abogados de inmigración han calificado la medida como “guerra psicológica” y un “truco profundamente engañoso”. Advierten que, en la práctica, muchos inmigrantes que se autodeporten no podrán regresar por varios años.
La ley establece que quienes permanecen más de seis meses sin autorización no pueden volver como inmigrantes durante tres años, y quienes superan un año enfrentan un veto de al menos 10 años.
Ejemplos recientes muestran la magnitud del problema. Una mujer hondureña, madre de tres ciudadanos estadounidenses, recibió multas por casi $2 millones tras no abandonar el país desde 2005, cuando se emitió su orden de deportación. Otra inmigrante en Nueva York, con 25 años de residencia, enfrenta sanciones que superan los $2 millones más intereses, y teme perder su vivienda por deudas con el Tesoro.
Impacto de la política migratoria de Trump
En apenas 200 días de gobierno, la administración Trump asegura que 1.6 millones de inmigrantes ya han abandonado el país. Parte de esa cifra corresponde a quienes tenían Estatus de Protección Temporal (TPS), cancelado para varios países. Otros fueron afectados por la eliminación de permisos especiales o por el desmantelamiento de medidas humanitarias vigentes durante administraciones anteriores.
El endurecimiento de la política migratoria busca aumentar las deportaciones masivas, pero también ampliar el universo de inmigrantes considerados “indocumentados”. Quienes esperaban una resolución en cortes de inmigración han visto sus casos cancelados y, en algunos casos, fueron detenidos inmediatamente después de salir de las audiencias.
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que su objetivo es recuperar “dinero que le pertenece a los estadounidenses”. ICE y el Departamento del Tesoro trabajan juntos para garantizar el cobro de cada multa, a través del programa de Cobranza de Deuda Civil.
