El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito representó un golpe para miles de inmigrantes hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos. La decisión favoreció a la administración de Donald Trump y dejó sin efecto las protecciones que otorgaba el Estatus de Protección Temporal (TPS), exponiendo a sus beneficiarios a la deportación.
Según datos oficiales, alrededor de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses perderán permisos de trabajo, número de seguro social y la seguridad de no enfrentar procesos de expulsión inmediata.
Cancelación del TPS y sus consecuencias legales
El programa TPS fue otorgado a hondureños y nicaragüenses en 1999, después de desastres naturales en Centroamérica, y desde entonces se renovó periódicamente. Sin embargo, con el fallo reciente, quienes estaban protegidos deberán afrontar un escenario complejo. Evelyn Hernández, organizadora de campañas de TPS en Los Ángeles, señaló que las cortes no se han mostrado favorables con los migrantes bajo este alivio y advirtió que cada persona debe evaluar su situación legal con seriedad.
Líderes comunitarios llaman a la calma y a la organización colectiva. Foto: X/@ConfidencialHN
De acuerdo con especialistas en inmigración, el principal riesgo lo enfrentan quienes tenían órdenes de deportación antes de ser beneficiarios del TPS, ya que esas órdenes pueden activarse nuevamente. La abogada Elizabeth Uribe explicó que es vital revisar cada expediente individual para determinar si existe un antecedente judicial pendiente.
Opciones para los inmigrantes afectados por la cancelación del TPS
Pese al panorama adverso, los expertos destacan que aún existen alternativas legales. El abogado Álex Gálvez precisó que algunos beneficiarios pueden calificar para la residencia permanente. Por ejemplo, quienes entraron al país con un permiso de viaje conocido como advance parole, quienes tienen hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años o quienes están casados con un ciudadano de EE.UU.
Asimismo, quienes nunca han estado en una corte de inmigración podrían presentar un asilo afirmativo, lo cual ofrece protección contra un arresto y la posibilidad de obtener un permiso de trabajo después de cinco meses de espera. Aunque no garantiza la residencia, permite mantener estabilidad mientras se define el caso.
En contraste, quienes ya estuvieron en un tribunal podrían recibir notificaciones para presentarse nuevamente, lo que aumenta la urgencia de contar con asesoría legal.
Fotografía de archivo del edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que avaló a Trump a retirar la protección del TPS a unos 300.000 venezolanos. EFE/Jim Lo Scalzo
Asesoría legal ante la cancelación del TPS
Organizaciones comunitarias como el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) recomiendan que los afectados no actúen con desesperación ni caigan en manos de estafadores. La activista Evelyn Hernández enfatizó que es indispensable consultar con abogados especializados en inmigración que estén registrados en la Barra de Abogados de California o en los colegios estatales correspondientes.
Cuando no es posible costear un abogado privado, existen organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asesoría legal a bajo costo. Estos espacios cuentan con profesionales certificados que pueden orientar de manera adecuada y evitar fraudes.
Los expertos reiteran que cada caso es distinto y que la revisión legal personalizada es esencial para encontrar la mejor estrategia. La abogada Uribe insistió en que si una persona ya no tiene el amparo del TPS, la orden de deportación puede entrar en vigor en cualquier momento, lo que hace urgente una acción rápida y bien fundamentada.
Impacto comunitario y pasos a seguir
La cancelación del TPS no solo afecta a los individuos directamente, sino también a sus familias y comunidades. Muchos beneficiarios sostienen económicamente a hijos, cónyuges y padres tanto en Estados Unidos como en sus países de origen. Perder permisos de trabajo significará inestabilidad financiera y mayor vulnerabilidad social.
Ante este escenario, líderes comunitarios llaman a la calma y a la organización colectiva. Se recomienda a los beneficiarios informarse por medio de fuentes confiables, asistir a talleres legales organizados por asociaciones de inmigrantes y, sobre todo, evitar tomar decisiones apresuradas que puedan complicar aún más la situación.
La batalla legal aún podría extenderse, pero mientras tanto, la prioridad es que cada inmigrante bajo TPS conozca sus derechos y explore todas las vías legales disponibles para permanecer en el país.
