Tribunal permite a Trump eliminar el TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal.
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Un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ha asestado un duro golpe a más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal al permitir que la administración del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que les otorgaba protección contra la deportación y autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión revierte una orden previa de la jueza federal Trina L. Thompson, quien había extendido las protecciones hasta al menos el 18 de noviembre, mientras se resolvía el litigio en curso. Este fallo marca una victoria significativa para la Casa Blanca en su campaña para restringir las políticas migratorias y ha generado incertidumbre y temor entre las comunidades afectadas.
El contexto del TPS y su impacto
El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de países con condiciones peligrosas –como desastres naturales, conflictos armados o inestabilidad política– residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal. Honduras y Nicaragua obtuvieron esta designación en 1999 tras la devastación causada por el huracán Mitch, que dejó más de 11,300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua. Nepal, por su parte, fue incluido en 2015 tras un terremoto devastador. Actualmente, unos 51,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes se benefician de este programa, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos por más de una década, y en el caso de los centroamericanos, por más de 26 años.
La decisión del Noveno Circuito implica que los beneficiarios nepalíes ya han perdido su estatus legal y autorización de trabajo, mientras que los hondureños y nicaragüenses lo perderán el 8 de septiembre, a menos que una nueva orden judicial intervenga. Este fallo afecta directamente a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS, según Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza Nacional TPS.
La batalla legal y las críticas al fallo contra el TPS
El litigio comenzó cuando la administración Trump, liderada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió terminar el TPS para estos países, argumentando que las condiciones que justificaron su otorgamiento –como los efectos del huracán Mitch o el terremoto en Nepal– ya no existen. Noem afirmó que Honduras y Nicaragua han hecho “progresos significativos” en su recuperación, y que Nepal ya no presenta condiciones tan peligrosas como para justificar la continuación del estatus.
Sin embargo, la jueza Trina Thompson criticó duramente esta decisión, argumentando que el gobierno no realizó una “revisión objetiva de las condiciones del país”, como lo exige la ley. Thompson señaló problemas persistentes, como la violencia política en Honduras y los impactos de huracanes recientes en Nicaragua, además de la crisis de derechos humanos en este último país, donde el gobierno de Daniel Ortega ha sido acusado por Naciones Unidas de “ejecutar sistemáticamente una estrategia para cimentar el control total” mediante graves violaciones de derechos humanos.
Los demandantes, liderados por la Alianza Nacional TPS, argumentaron que las decisiones de Noem eran ilegales, motivadas por promesas de campaña de Trump y por “animosidad racial”. En respuesta, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, defendió la cancelación del TPS, afirmando que el programa “nunca estuvo destinado a ser un sistema de asilo de facto” y que su objetivo es “restaurar la integridad del sistema migratorio”. El DHS también señaló que el TPS ha sido “abusado” en el pasado, permitiendo que “criminales” se beneficien, aunque no proporcionó datos específicos sobre la magnitud de este problema.
El Noveno Circuito, compuesto por jueces designados por los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump, suspendió la orden de Thompson sin ofrecer una explicación detallada, lo que generó críticas de defensores de los inmigrantes. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la UCLA, calificó la decisión como una “usurpación de poder” que expone a miles de personas a la deportación y detención ilegal, afirmando que los demandantes “merecen algo mejor”.
Reacciones y consecuencias
La cancelación del TPS tiene implicaciones profundas. Según Thompson, la terminación del programa podría resultar en una pérdida económica de 1,400 millones de dólares para Estados Unidos, además de causar la separación de familias y la pérdida de empleos y seguros médicos para los beneficiarios. Leoncio Velásquez, presidente de Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), describió la noticia como “un balde de agua fría”, mientras que Teofilo Martínez, beneficiario hondureño y miembro de la Alianza Nacional TPS, prometió seguir luchando: “No vamos a parar. Este país es el único hogar que muchos de nosotros conocemos”.
La administración Trump ha sido consistente en su política de restringir el TPS, habiendo cancelado ya las designaciones para unos 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, 160,000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos de estos casos aún están en litigio, pero el precedente reciente de la Corte Suprema, que en mayo permitió la terminación del TPS para venezolanos, sugiere un panorama desfavorable para los demandantes.
Un futuro incierto
El fallo del Noveno Circuito no es definitivo, ya que el tribunal indicó que revisará el caso nuevamente tras resolver un litigio similar sobre el TPS para venezolanos. Sin embargo, la suspensión de la orden de Thompson significa que, por ahora, los beneficiarios enfrentan la inminencia de perder su estatus legal. Organizaciones como la Alianza Nacional TPS y Hondureños Unidos de Los Ángeles están organizando esfuerzos para presionar por una solución permanente, mientras que el gobierno de Honduras, a través del vicecanciller Gerardo Torres, expresó su esperanza de ganar tiempo para que los beneficiarios encuentren otras vías legales para permanecer en Estados Unidos.
