Washington, D.C., ha iniciado una batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump tras su decisión de federalizar el Departamento de Policía Metropolitana (MPD). El fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, presentó una demanda el 15 de agosto de 2025, calificando la acción como una “toma hostil” que viola la Ley de Autonomía (Home Rule Act) de 1973. La intervención, que incluye el nombramiento de un comisionado de emergencia y la suspensión de políticas locales, ha generado críticas por poner en riesgo la autonomía de los 700,000 residentes de la capital y la seguridad pública.
Una intervención federal controvertida
El lunes, Trump invocó una cláusula de la Ley de Autonomía para declarar una “emergencia de seguridad pública”, asumiendo el control del MPD por 30 días y desplegando 800 efectivos de la Guardia Nacional. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, formalizó esta acción el jueves al designar al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como “comisionado de policía de emergencia”. Según la orden, Cole tiene autoridad total sobre el MPD, incluyendo la aprobación de directivas, lo que desplaza a la jefa de policía, Pamela Smith, y a la alcaldesa Muriel Bowser.
Por lo tanto, Schwalb argumenta que estas medidas exceden los límites legales. La Ley de Autonomía permite al presidente solicitar servicios del MPD para “fines federales” en emergencias, pero no autoriza un control total ni la destitución de autoridades locales. La demanda, presentada en un tribunal federal, solicita declarar inconstitucionales las acciones de Trump y Bondi, afirmando que “siembran caos” entre los 3,100 agentes del MPD y amenazan la seguridad de residentes y visitantes.
Rechazo local al nombramiento de Cole
La alcaldesa Bowser y Schwalb rechazaron el nombramiento de Cole como “ilegal”. En una carta a Smith, Schwalb afirmó que la orden de Bondi “no tiene validez legal” y que los agentes deben seguir las directivas de la jefa de policía, no de un funcionario federal no designado por la alcaldesa. Bowser enfatizó que el Distrito ha cumplido con la ley al proporcionar servicios policiales para fines federales, pero no cederá el control del MPD. “No hay estatuto que transfiera nuestra autoridad a un funcionario federal”, declaró en una conferencia de prensa.
En consecuencia, la concejal Christina Henderson también criticó la intervención, afirmando que Bondi carece de autoridad para anular leyes locales. Organizaciones como Public Citizen respaldan la demanda, calificando la acción de Trump como un “ataque autoritario” a la democracia local. La ACLU de D.C. planea unirse al litigio, argumentando que la federalización podría generar confusión operativa y violaciones a los derechos civiles.
Una “emergencia” cuestionada
Trump justificó la intervención citando una “ola de crímenes” en D.C., pero las estadísticas contradicen esta narrativa. Según el Departamento de Justicia, los delitos violentos en la capital cayeron un 26% en 2025, con homicidios reducidos en un 32% y robos de autos en un 53% desde el pico de 2023. Schwalb señaló que Trump no identificó “condiciones de emergencia específicas” para justificar el uso de la Ley de Autonomía, que limita la intervención a 48 horas sin notificación al Congreso, y a 30 días sin una resolución conjunta de aprobación.
Pese a todo, Trump expresó el miércoles su intención de extender el control federal más allá de los 30 días, argumentando que el plazo es insuficiente para “restablecer el orden”. Esta declaración ha avivado temores de que la administración busque revertir la Ley de Autonomía, una propuesta que el presidente ha mencionado previamente.
Impacto en políticas de ciudad santuario
La orden de Bondi también suspendió las políticas de ciudad santuario de D.C., que desde 2019 limitan la cooperación del MPD con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Bondi instruyó a los agentes a indagar sobre el estatus migratorio y realizar arrestos basados en órdenes federales, una medida que, según Schwalb, excede la autoridad presidencial. Grupos de derechos de inmigrantes, como Sanctuary DMV, advierten que esto podría generar un aumento de deportaciones y erosionar la confianza en la policía local.
Además, la presencia de 500 agentes federales de agencias como el FBI, ICE y la ATF, junto con vehículos blindados en áreas como Logan Circle, ha generado protestas. El 10 de agosto, unas 200 personas se manifestaron en Dupont Circle, exigiendo el fin de la intervención. Mientras la demanda avanza, los residentes de D.C. observan con preocupación un enfrentamiento que podría redefinir el equilibrio entre el control federal y la autonomía local.
