Agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan un escándalo que sacude la política mexicana: la presunta entrega de credenciales del Senado de la República a líderes del Cártel de Sinaloa, quienes habrían sido registrados como “asesores” vinculados principalmente al Partido del Trabajo (PT). La revelación, hecha por la periodista especializada en seguridad María Idalia Gómez, expone una posible infiltración del crimen organizado en las altas esferas legislativas de México.
Credenciales para Los Chapitos
Durante una mesa de análisis en Aristegui Noticias, Carmen Aristegui y Anabel Hernández estaban presentes. Gómez explicó que se encontraron más de 20 credenciales dadas a miembros y líderes del Cártel de Sinaloa. Estas credenciales están especialmente relacionadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que son conocidos como Los Chapitos. La periodista dice que estas identificaciones acreditaban a los portadores como asesores del PT en el Senado. Sin embargo, no dijeron el periodo en que las dieron.
Por lo tanto, las autoridades estadounidenses han intensificado sus pesquisas. Agentes encubiertos que lograron infiltrarse en la estructura del cártel recopilaron pruebas, incluyendo copias, fotos y videos, que ahora están en manos de organismos de inteligencia. Gómez señaló que las credenciales mostraban fotos de los portadores, a menudo con nombres falsos, lo que plantea preguntas sobre cómo personas vinculadas al crimen organizado accedieron a documentos oficiales.
Riesgos para la seguridad institucional
La posesión de credenciales del Senado por parte de miembros del Cártel de Sinaloa representa una amenaza significativa para la seguridad institucional. Estas identificaciones podrían haber otorgado a los criminales una apariencia de legitimidad, permitiéndoles moverse con mayor facilidad en instalaciones oficiales o interactuar con autoridades sin levantar sospechas.
Además, las credenciales podrían haber facilitado el acceso a espacios restringidos, el establecimiento de contactos con figuras políticas y la creación de redes de protección. Esta situación, según Gómez, evidencia una posible infiltración institucional que debilita los controles de seguridad del Estado mexicano. Aunque no se conoce el uso exacto de estas identificaciones, su existencia genera serias preocupaciones sobre la integridad de las instituciones legislativas.
Guacamaya Leaks y sospechas sobre políticos
La investigación también se nutre de los Guacamaya Leaks, una filtración masiva de documentos militares mexicanos que Estados Unidos ha analizado para rastrear vínculos entre actores políticos y grupos criminales. En este contexto, las autoridades de Estados Unidos están mirando a Adán Augusto López Hernández. Él es exsecretario de Gobernación, senador y exgobernador de Tabasco. Se le investiga por posibles vínculos con el crimen organizado.
En consecuencia, las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en Tabasco, incluyendo la operación del grupo criminal La Barredora, presuntamente liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de López y actualmente prófugo con una ficha de búsqueda de Interpol. Otros nombres, como el exgobernador Arturo Núñez y Carlos Manuel Merino, actual funcionario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, también aparecen en las indagatorias.
Partidos políticos bajo la lupa
Aunque el PT es el principal señalado en la entrega de credenciales, Gómez indicó que las investigaciones también involucran a miembros de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). Las autoridades buscan determinar quiénes facilitaron estas identificaciones y cómo se permitió que criminales accedieran a ellas. Este escándalo pone en entredicho los procesos de verificación dentro del Senado y la vulnerabilidad de las instituciones ante la influencia del narcotráfico.
Pese a todo, Gómez destacó que las investigaciones en México avanzan con lentitud. A pesar de que los hallazgos han sido compartidos con instancias mexicanas y estadounidenses, aún no hay consecuencias judiciales concretas. La falta de acción rápida subraya los desafíos para combatir la corrupción y la infiltración criminal en la política mexicana.
