Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha dado un respiro a las comunidades inmigrantes del sur de California, al suspender temporalmente las redadas indiscriminadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión, celebrada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, marca un hito en la lucha contra las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.
Un fallo que protege a los inmigrantes
El lunes, la Corte de Apelaciones confirmó una orden de un tribunal inferior que prohíbe a los agentes de ICE realizar detenciones masivas en lugares públicos de condados como Los Ángeles, Orange y San Diego sin evidencia específica de violaciones migratorias. La medida responde a preocupaciones sobre el uso de perfiles raciales en operativos, que han afectado especialmente a comunidades latinas. Según el fallo, los agentes deben identificarse y presentar órdenes judiciales antes de realizar arrestos, un cambio que busca garantizar el debido proceso.
Por su parte, el caso que impulsó esta decisión involucró a Pedro Perdomo, un inmigrante detenido el 18 de junio en una parada de autobús en Pasadena. “Llegaron autos sin identificación, nos agarraron como si fuéramos criminales”, relató Perdomo en una conferencia de prensa. Tras tres semanas en un centro de detención, su demanda, apoyada por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), llevó a la suspensión temporal de estas tácticas.
Una victoria para las organizaciones proinmigrantes
La confirmación del fallo ha sido recibida como un triunfo por activistas. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó: “Esta decisión reafirma que tenemos derechos y debemos luchar para que se respeten”. Sin embargo, Salas subrayó que la batalla continúa, ya que muchas familias siguen separadas y los centros de detención enfrentan condiciones precarias. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en 2025 se han detenido a más de 200,000 inmigrantes, un aumento del 30% respecto al año anterior.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió sus operativos, argumentando que las detenciones se basan en el estatus migratorio, no en la raza o etnia. “Los jueces no elegidos están atentando contra la voluntad del pueblo estadounidense”, señaló un portavoz del DHS, insistiendo en que la prioridad es deportar a quienes están en el país sin autorización legal.
Impacto en las comunidades vulnerables
Las redadas han afectado especialmente a jornaleros, quienes solían reunirse en estacionamientos de tiendas como Home Depot para buscar trabajo. Samuel Calderón, un jornalero, expresó su desconfianza: “Con esta administración, hoy dicen una cosa y mañana otra. No podemos confiarnos”. Aunque el fallo prohíbe detenciones indiscriminadas, los agentes aún pueden arrestar a personas identificadas, siempre que cumplan con protocolos legales. Esto ha generado un alivio parcial, pero la comunidad permanece en alerta.
Además, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha advertido que el fallo no resuelve el problema de fondo. “Muchas familias siguen separadas, y las condiciones en los centros de detención son deplorables”, señaló Shandra Bhatnagar, director ejecutivo de la ACLU. Informes recientes indican que los centros de ICE enfrentan hacinamiento, con un promedio de 60,000 personas detenidas diariamente en todo el país.
Un precedente legal con implicaciones
El fallo podría sentar un precedente para otros estados que enfrentan operativos similares. El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó: “Que hagas español o te veas latino no es una sospecha razonable para un arresto”. Si el gobierno federal no acata la orden, podría enfrentar nuevas demandas por violaciones a los derechos civiles. Organizaciones como CHIRLA y la ACLU planean seguir movilizando recursos legales y comunitarios para proteger a los inmigrantes.
Por ahora, la suspensión de las redadas ofrece un alivio temporal a las comunidades del sur de California, pero la incertidumbre persiste. Los activistas insisten en la necesidad de reformas migratorias integrales para abordar las causas profundas de la inseguridad que enfrentan los inmigrantes, mientras la administración Trump continúa defendiendo su política de tolerancia cero.
