El futuro de la protección migratoria para más de 300,000 venezolanos que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2021 está en duda, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumpliera el plazo del 12 de julio para anunciar una posible extensión del beneficio. Esta decisión afecta a miles de personas que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La falta de una notificación oficial en el Registro Federal ha generado incertidumbre en la comunidad migrante. Aunque circularon versiones sobre una renovación automática, expertos como Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, aclararon que no existe ninguna garantía sin un anuncio formal del gobierno.
El futuro del TPS para venezolanos sigue sin definirse
En 2023, el gobierno otorgó una segunda designación de TPS para venezolanos, pero esta fue anulada, al igual que otras políticas migratorias como el parole humanitario y el programa CBP One. La eliminación de estas herramientas ha incrementado la preocupación entre los migrantes venezolanos, quienes ahora enfrentan un panorama legal incierto y, en algunos casos, un riesgo de deportación.
En medio de esta situación, varias organizaciones han tomado acciones legales. La Alianza Nacional del TPS, junto con otros siete demandantes, presentó una demanda ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con la intención de restablecer el TPS tanto para quienes fueron beneficiarios en 2021 como en 2023, por lo menos hasta octubre de 2026.
USCIS confirmó que los migrantes afganos ya no podrán acceder al TPS a partir del 22 de julio de 2025. Foto: X/@vozdeltuit
Si bien el proceso judicial podría extenderse e incluso ser apelado por el gobierno en caso de un fallo favorable, recientemente el juez Edward Chen emitió una decisión positiva. Chen reconoció la validez de los permisos de trabajo para cerca de 5,000 personas que renovaron su documentación antes de la última decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El futuro del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal
Desde su creación en 1990, el TPS ha protegido a ciudadanos de 16 países, entre ellos Honduras, Nicaragua y Nepal. En julio de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson falló a favor de decenas de miles de migrantes de estas nacionalidades, devolviéndoles el derecho al TPS.
El fallo detalla que la cancelación del programa por parte de la administración Trump parecía tener fundamentos racistas. La jueza fue contundente: “El color no es veneno ni delito”, escribió en su decisión. Su sentencia detuvo la fecha límite del 8 de septiembre que se les había impuesto para abandonar el país o perder la protección migratoria.
Aunque se espera una apelación por parte del gobierno de Trump, estos fallos judiciales representan una victoria momentánea para los afectados. También subrayan el rol clave de los tribunales en la defensa de los derechos migratorios.
El futuro del TPS para El Salvador ofrece un respiro temporal
El Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de El Salvador ha sido extendido hasta el 9 de septiembre de 2026. Más de 230,000 salvadoreños se benefician de esta decisión, que incluye la validez automática de sus permisos de trabajo hasta marzo de 2026.
Fotografía de archivo de inmigrantes venezolanos desalojados del hotel Watson, en Nueva York (EEUU). EFE/Ángel Colmenares
Sin embargo, la extensión no resuelve el problema de fondo: la falta de una solución permanente. Diversas organizaciones de migrantes han exhortado al Congreso a avanzar en una reforma migratoria que les permita acceder a la residencia legal de forma definitiva.
El impacto de los salvadoreños con TPS en Estados Unidos es significativo. Muchos han vivido en el país durante décadas, tienen hijos nacidos en suelo estadounidense y ocupan puestos laborales esenciales. La amenaza constante de perder el TPS genera un estado de ansiedad que se repite en comunidades enteras.
El futuro del TPS depende de una reforma migratoria
Mientras miles de migrantes esperan una respuesta, los tribunales han sido un freno ante decisiones administrativas que ponen en peligro su permanencia en el país. Pero el futuro del TPS no puede quedar únicamente en manos de la justicia. Se necesita una reforma migratoria integral que brinde estabilidad a quienes han contribuido a la economía y a la sociedad estadounidense.
La lucha legal y política en torno al TPS refleja una realidad compleja: los migrantes protegidos por este estatus no son visitantes temporales, sino miembros activos de sus comunidades. Muchos tienen hijos ciudadanos, empleos estables y lazos profundos con Estados Unidos.
Sin una respuesta clara del gobierno federal, la situación se vuelve insostenible. Y aunque algunos fallos judiciales han traído alivio, la incertidumbre persiste para cientos de miles de personas que, como los venezolanos, aún esperan una resolución definitiva.
