La Universidad de Columbia en Nueva York ha lanzado una denuncia pública que ha sacudido los cimientos de la libertad académica y los derechos civiles. El jueves por la mañana, agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ingresaron a una residencia estudiantil para detener a un estudiante. Lo alarmante del caso no es solo la detención, sino el método utilizado para lograrla.
Según informó la presidenta interina de la institución, Claire Shipman, los oficiales federales habrían recurrido al engaño para traspasar la seguridad del campus. Alrededor de las 6:30 a.m., los agentes afirmaron que estaban buscando a una “persona desaparecida”. Esta táctica les permitió el acceso a áreas privadas del edificio residencial sin levantar sospechas iniciales entre el personal.
La administración de la universidad calificó este acto como una tergiversación grave de la información. Hasta el momento, el estudiante detenido no ha sido identificado públicamente. Columbia ha confirmado que está en contacto con la familia del joven para coordinar el apoyo legal necesario ante lo que consideran un atropello a los protocolos institucionales.
¿Cómo lograron los agentes federales burlar la seguridad del campus?
La denuncia de Shipman detalla que los agentes federales se presentaron ante la seguridad del edificio con una narrativa falsa. Al alegar la búsqueda de un individuo desaparecido, consiguieron que se les permitiera la entrada a zonas que requieren identificación del campus. Una vez dentro, procedieron a localizar y detener al estudiante, cuya situación migratoria o legal específica aún se desconoce.
Este incidente ha generado una ola de indignación entre el profesorado y el cuerpo estudiantil. La universidad reiteró que cualquier fuerza del orden debe seguir pasos estrictos para acceder a espacios no públicos. Entre estos requisitos se incluyen la presentación de una orden judicial firmada por un juez o una citación legal formal.
La presidenta interina subrayó que una simple orden administrativa no es suficiente para autorizar el acceso a viviendas o aulas. La diferencia es clave: una orden judicial implica el control de un magistrado, mientras que la administrativa es emitida por la propia agencia gubernamental. Columbia sostiene que, en este caso, no se cumplió con el estándar legal mínimo para violar la privacidad estudiantil.
¿Qué consecuencias legales y políticas enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional?
Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras conocerse la noticia de la incursión. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que los agentes hayan mentido. Hochul afirmó que, de confirmarse la versión de la universidad, el incidente demostraría que el DHS es una organización “fuera de control” que requiere una reorganización urgente.
Por su parte, la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin, fue aún más contundente. La funcionaria declaró que agencias como ICE no tienen cabida en los centros educativos. Menin, exalumna de Columbia, argumentó que estas tácticas no aumentan la seguridad nacional, sino que fomentan una peligrosa desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional ha guardado silencio y no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El vacío de información oficial ha permitido que la tensión aumente en un campus que ya ha sido foco de protestas sociales. La comunidad internacional observa con atención cómo una de las universidades más prestigiosas del mundo desafía el accionar de las fuerzas federales.
¿Cuál es el protocolo que deben seguir ahora los estudiantes de Columbia?
Ante la gravedad de los hechos, la Universidad de Columbia ha emitido instrucciones claras a toda su comunidad. La presidenta Shipman instó a alumnos y empleados a no permitir el ingreso de autoridades federales a espacios privados de forma automática. El nuevo protocolo exige que cualquier oficial espere hasta que se contacte al Departamento de Seguridad Pública de la universidad.
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“No acepten la entrega de una orden judicial sin supervisión de seguridad”, enfatizó la carta enviada a la comunidad. La institución busca centralizar la interacción con las fuerzas del orden para evitar que se repitan los engaños matutinos. Esta medida intenta proteger la autonomía universitaria frente a lo que perciben como una extralegitimidad del gobierno federal.
Este suceso se suma a un historial de roces entre Columbia y la administración de Donald Trump. El año pasado, la universidad enfrentó la cancelación de millones en subvenciones federales tras acusaciones de negligencia en casos de acoso. El acuerdo alcanzado para restablecer esos fondos parece estar en riesgo tras esta nueva confrontación directa con las agencias federales de seguridad.
¿Qué precedentes existen sobre la detención de estudiantes en esta universidad?
La memoria del campus aún guarda el caso de Mahmoud Khalil, un activista palestino y estudiante de posgrado que fue aprehendido el año pasado. Khalil pasó tres meses detenido por autoridades migratorias antes de ser liberado tras intensas protestas. Sus abogados siempre argumentaron que su captura fue una represalia política por sus posturas críticas, un argumento que resuena hoy.
A diferencia del caso actual, aquellas acciones incluyeron órdenes de registro en residencias, aunque sin detenciones inmediatas en el sitio. Sin embargo, la táctica del “engaño” reportada este jueves marca un punto de inflexión en la agresividad de las agencias migratorias. El uso de excusas como la búsqueda de personas desaparecidas para realizar arrestos de ICE es una práctica denunciada por diversas ONG.
El clima en Nueva York es de máxima alerta. Mientras la universidad recopila más detalles técnicos sobre el arresto, el apoyo legal para el estudiante no identificado ya está en marcha. La batalla legal que se avecina determinará si los campus universitarios pueden seguir siendo considerados “santuarios” o si la autoridad federal tiene vía libre para operar bajo cualquier pretexto.
