Miles de jubilados argentinos tomaron las calles de Buenos Aires este miércoles para protestar contra el veto del presidente Javier Milei a una ley que buscaba aumentar las pensiones, en un contexto de inflación galopante y crecientes dificultades económicas. Las manifestaciones, marcadas por tensiones con la policía, reflejan la frustración de un sector que lucha por sobrevivir con ingresos mínimos.
Un veto que aviva la indignación
El lunes 4 de agosto, Milei vetó una ley aprobada por el Congreso que otorgaba un aumento de emergencia del 7.2% a las jubilaciones y elevaba el bono de refuerzo a 110,000 pesos (81 dólares). La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue justificada por el gobierno como necesaria para mantener el “déficit cero”, pero desató la furia de los jubilados. “Este Gobierno nos está dejando sin nada”, lamentó María Rosa Ojeda, de 69 años, quien colapsó tras ser rociada con gas pimienta durante la protesta frente al Congreso.
Por su parte, Jesús Fajardo, un jubilado de 67 años, expresó su hartazgo: “Es un monstruo este Gobierno. Venimos a pelear por los derechos que nos han quitado”. Las manifestaciones, que se repiten cada miércoles, contaron con el apoyo de sindicatos y colectivos afectados por los recortes de Milei, quien desde diciembre de 2023 ha implementado un severo plan de ajuste fiscal.
Pensiones insuficientes ante la inflación
Argentina enfrenta una inflación anual del 236.7% en 2025, una de las más altas del mundo. La jubilación mínima, que reciben el 63.5% de los 7.4 millones de jubilados, es de 314,300 pesos (233 dólares), incluyendo un bono de 70,000 pesos congelado desde marzo de 2024. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad de Buenos Aires estima que un adulto mayor necesita al menos 1,200,523 pesos (892 dólares) para no caer en la pobreza, debido a los altos costos de medicamentos y salud.
Pese a esto, el veto de Milei, el segundo en un año tras otro en agosto de 2024, bloqueó un ajuste que habría llevado la pensión mínima a 441,200 pesos (333 dólares). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del aumento sería del 0.41% del PIB, un argumento que el gobierno considera insostenible. “Nadie puede vivir en la indigencia. Luchamos porque ya no accedemos ni a medicamentos”, afirmó Ana María Tapia, de Jubilados Insurgentes.
Enfrentamientos y represión policial
La protesta del miércoles se desarrolló bajo un fuerte operativo policial, que incluyó el uso de gas pimienta y dejó al menos cinco detenidos y varios heridos. “Me cansé de que golpeen a los jubilados. Es como pegarle a un niño”, denunció María Rosa, quien fue atendida tras desmayarse. Los enfrentamientos, similares a los ocurridos en julio y septiembre de 2024, reflejan la creciente tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Por su parte, Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, calificó la situación de los jubilados como una “crisis humanitaria”. “Las personas mayores deben elegir entre comer o comprar medicamentos”, señaló, exigiendo una reforma estructural del sistema previsional.
Un Congreso dividido y un futuro incierto
El veto de Milei abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento con el Congreso, donde la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertirlo. En septiembre de 2024, un intento similar fracasó, con 87 votos a favor del gobierno frente a los 83 necesarios para mantener el veto. La Unión Cívica Radical, que apoyó la ley inicialmente, se dividió en la votación, generando críticas entre los jubilados. “Los radicales nos traicionaron”, expresó Teresa Olmos, de 84 años.
Mientras tanto, las protestas persisten. Los jubilados, apoyados por movimientos sociales, planean mantener sus marchas semanales, exigiendo no solo el aumento vetado, sino también acceso gratuito a medicamentos y mejores condiciones de vida. “Tenemos que seguir luchando, saliendo a la calle”, insistió Fajardo, reflejando el ánimo de un sector que se niega a rendirse pese a la represión y las dificultades económicas.
