El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó este lunes 4 de agosto el veto a tres leyes que habían sido aprobadas por el Congreso en julio y que buscaban aumentar las pensiones para jubilados y personas con discapacidad. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y justifica el veto bajo el argumento de que las medidas comprometen el equilibrio fiscal del país.
Desde el inicio de su mandato, Milei ha defendido una política de austeridad económica, y en esta ocasión consideró que las leyes aprobadas por el Congreso carecen de respaldo financiero y fueron sancionadas con irregularidades parlamentarias. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, los proyectos fueron aprobados “de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos”.
Milei frena pensiones con el argumento de evitar desequilibrios fiscales
El decreto presidencial anula en su totalidad tres iniciativas legislativas que proponían mejoras sustanciales en el sistema previsional argentino. Una de ellas establecía un incremento excepcional del 7,2 % para los jubilados, una medida que buscaba paliar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.
El Gobierno considera que esta medida implica un “aumento estructural y permanente del gasto público”, lo que, según su análisis, obligaría a emitir dinero, subir impuestos o endeudarse. La administración de Milei insiste en que mantener el equilibrio fiscal es indispensable para combatir la inflación, una de las principales preocupaciones de los argentinos.
Fotografía de archivo del presidente de la República Argentina, Javier Milei (Argentina). EFE/Matias Martin Campaya
El impacto del veto de Milei a las pensiones y a las personas con discapacidad
Las leyes vetadas también incluían la restitución de la moratoria previsional, que permite a quienes no cumplieron con los 30 años de aportes necesarios acceder a una jubilación. En un país donde más del 40 % de los trabajadores son informales, esta herramienta resultaba clave para que miles de personas mayores pudieran acceder a una pensión.
Otra de las normas vetadas declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2027, obligando al Estado a garantizar la financiación de pensiones no contributivas y reforzar la asistencia para ese sector. Esta ley había sido bien recibida por organizaciones de derechos humanos, colectivos de personas con discapacidad y sindicatos.
El Gobierno estimó que estas tres medidas representarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos (alrededor de 5 millones de dólares) en 2025, y cerca de 17 billones de pesos (unos 12 millones de dólares) en 2026, cifras que considera insostenibles para las finanzas públicas.
Reacciones tras el veto de Milei a las pensiones en Argentina
La decisión de Milei provocó de inmediato una fuerte reacción de la oposición, de organizaciones sociales y de jubilados. El veto puede ser revertido si ambas cámaras del Congreso logran una mayoría de dos tercios, algo que hasta ahora parece difícil dado el respaldo que mantiene Milei entre algunos sectores del Parlamento.
Los jubilados salieron a las calles a protestar el pasado 30 de julio. Foto: X/@revistacitrica
Es la segunda vez que Milei veta un aumento a las jubilaciones: la anterior fue en agosto de 2024. En aquella ocasión, también justificó la medida con argumentos fiscales. Ahora, el contexto político está marcado por una creciente tensión social. Marchas multitudinarias se han realizado en diferentes ciudades del país para exigir mejoras en el sistema previsional y en los derechos de las personas con discapacidad.
Las movilizaciones han sido respondidas con represión policial. En Buenos Aires, se reportaron varios heridos graves y decenas de detenidos en protestas frente al Congreso Nacional y otras sedes del Estado.
Otras decisiones económicas de Milei generan controversia
Este nuevo veto se produce solo una semana después de que el Ejecutivo redujera impuestos a las exportaciones de granos y carnes, en un gesto hacia el sector agroexportador. La medida fue duramente criticada por quienes consideran que se privilegia a los grandes grupos económicos mientras se recortan derechos sociales.
Además, el Gobierno ha reducido el presupuesto destinado a universidades públicas, eliminado subsidios al transporte y limitado el financiamiento a hospitales y comedores comunitarios, como parte de su política de recorte del gasto público.
Mientras tanto, Milei ha reiterado que su modelo económico busca generar “orden y libertad” y que las decisiones difíciles son necesarias para lograr la recuperación del país. No obstante, economistas, analistas políticos y organizaciones internacionales como la ONU han expresado preocupación por el impacto humano de estas decisiones, sobre todo en los sectores más vulnerables.
